La senadora Alejandra León Gastélum, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado para erradicar las prácticas de extorsión fiscal en contra de importadores de llantas en Baja California.
En un punto de acuerdo, que enlistó en la Gaceta Parlamentaria del 18 de octubre, la legisladora destacó que esta industria genera miles de empleos directos e indirectos, por lo que deja una importante derrama económica que beneficia a toda la entidad.
Sin embargo, señaló, se ha denunciado que a pesar de cumplir con todas las disposiciones que la normatividad establece, una vez que las llantas ingresan al territorio nacional, “el personal que las transporta es inmediatamente sometido a detenciones, decomisos y multas, entre otras medidas arbitrarias de intimidación, para que paguen sobornos a los representantes del Servicio de Administración Tributaria de la entidad”.
Por ello, propuso exhortar a los titulares del Servicio de Administración Tributaria del ámbito federal y estatal, para que realicen acciones con el propósito de erradicar las prácticas de extorsión fiscal en contra de importadores de llantas en la entidad.
Además, solicitó que dichas dependencias y la de Economía e Innovación de Baja California se reúnan con los representantes de las asociaciones de llanteras, a fin de resolver sus demandas.
En el documento, que fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, León Gastélum explicó que la mayor parte de esta industria depende de la importación de llantas provenientes de Estados Unidos, las cuales, para ser ingresadas a nuestro país y posteriormente ser comercializadas, tienen que cumplir con un gran número de requisitos estipulados en la normatividad fiscal y medio ambiental.
A los empresarios, agregó, se les exige, de forma rigurosa, cumplir con las onerosas cargas y procesos establecidos en nuestra legislación para poder llevar a cabo su actividad económica de forma regular.
Para que los importadores de llantas que operan en la formalidad puedan desarrollar su negocio con normalidad, deben pagar los impuestos que el Código Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera mandatan.
Llevar registros precisos de cada una de las llantas que importan, someterse a las inspecciones ordenadas por la autoridad fiscal; además de hacer responsables de cumplir con otros procedimientos y cargas, encaminados a asegurar el adecuado tratamiento y disposición final de las llantas que hayan tenido una vida útil, para que no constituyan un riesgo para nuestro medio ambiente o salud pública.
En contraste, acusó la senadora, los empresarios que trabajan en la formalidad “ven con consternación cómo a quienes operan en la informalidad, dentro de esta industria, se les permite ingresar llantas a nuestro país, sin cumplir con ningún otro requisito, más que el pago de un soborno a los agentes del SAT del estado”.
Esto, señaló Alejandra León Gastélum, no sólo constituye un grave perjuicio para nuestro medio ambiente y la hacienda pública, sino una amenaza real para toda la industria.
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