La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, solicitó al Ayuntamiento de Monterrey cancelar el contrato de suministro de energía firmado con la empresa Next Energy, al considerar que existen elementos suficientes que acreditan irregularidades graves en el cumplimiento del acuerdo.
La petición se produce luego de que se informara sobre la detención de Eugenio Maiz Domene, propietario de la empresa, quien enfrenta cargos por presunto fraude relacionados con contratos de suministro eléctrico en el estado de Aguascalientes, donde fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva.
Pámanes sostuvo que las condiciones del contrato firmado en Monterrey presentan características similares a las que derivaron en las denuncias en otros municipios, particularmente por el incumplimiento en la construcción de infraestructura comprometida, como una planta fotovoltaica y la instalación de paneles solares en edificios públicos.
La legisladora advirtió que el caso no solo representa un problema administrativo, sino un riesgo directo para las finanzas municipales, al tratarse de un acuerdo de largo plazo que compromete recursos públicos sin que, hasta ahora, se reflejen beneficios tangibles para la ciudad.
Además, cuestionó que el alcalde Adrián de la Garza no haya informado si el municipio ya presentó denuncias formales por el presunto incumplimiento del contrato, a pesar de que dicha información podría contribuir a las investigaciones que realizan autoridades federales.
Indicó que, según la información disponible, el gobierno municipal aún se encuentra en una etapa de análisis sobre el cumplimiento del acuerdo, lo cual consideró preocupante dado el contexto legal que enfrenta la empresa y su propietario.
Pámanes subrayó que el origen del contrato se remonta a una administración anterior encabezada por el propio De la Garza, y que su permanencia en la actual gestión mantiene vigente un compromiso financiero que, afirmó, pone en riesgo la estabilidad presupuestal del municipio.
Finalmente, reiteró que la rescisión inmediata del contrato es necesaria para evitar mayores afectaciones económicas y para deslindar responsabilidades sobre un acuerdo que, dijo, no ha cumplido con los objetivos de ahorro energético ni de mejora en los servicios públicos prometidos.
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