El anuncio del nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizado el pasado 2 de julio, ha generado una fuerte ola de reacciones entre especialistas en salud pública, organizaciones civiles y diversos sectores de la sociedad.
Y es que para muchos, su nuevo cargo internacional resulta controvertido debido al papel que desempeñó como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Bajo su gestión, México registró más de 288 mil muertes confirmadas, lo que colocó al país entre los más afectados a nivel global.
Críticas por su desempeño en pandemia
Una de las primeras reacciones llegó por parte de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, que calificó el nombramiento como “inaudito” y una muestra de la “indiferencia del Estado mexicano” frente a estándares internacionales de salud pública.
La Comisión recordó que México llegó a tener la tasa de mortalidad más alta entre personal médico y una mortalidad hospitalaria del 44%, cifras que superan ampliamente el promedio global. Estos datos han sido retomados por quienes consideran que López-Gatell no es el perfil idóneo para representar a México en un foro sanitario de alto nivel como la OMS.
¿Conflictos de interés?
A las críticas por su desempeño, se suman señalamientos sobre posibles conflictos de interés revelados en una investigación del periodista Juan Manuel Jiménez. Según este trabajo, la gestión de López-Gatell habría estado influida por recursos extranjeros canalizados a través de organizaciones no gubernamentales.
Se señala que Bloomberg Philanthropies destinó más de 355 millones de pesos a la ONG El Poder del Consumidor, dirigida por Alejandro Calvillo, con el objetivo de impulsar políticas públicas como el etiquetado frontal, los impuestos a bebidas azucaradas y la regulación de publicidad de alimentos, iniciativas que López-Gatell respaldó durante su gestión.
Además, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recibió en 2020 un contrato de 1.7 millones de dólares de la Bloomberg Family Foundation Inc. para sustentar científicamente estas políticas. La controversia crece al saberse que Arantxa Colchero, exesposa de López-Gatell, colaboró con el instituto, lo que ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del funcionario.
Llamado a mayor transparencia
Ante este panorama, expertos y activistas han subrayado la necesidad de asegurar que los representantes de México en organismos internacionales como la OMS actúen con total transparencia, imparcialidad y libres de cualquier vínculo que pueda comprometer su función pública.
El nombramiento de López-Gatell ha reavivado el debate sobre la forma en que se eligen a los diplomáticos en temas clave como la salud, y cómo se deben evitar decisiones que puedan minar la credibilidad del país ante instancias globales. Por ahora, el tema sigue escalando y parece que dará mucho de qué hablar.
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