El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que en las próximas horas la Cámara de Diputados discuta y apruebe lo antes posible un plan gubernamental de nacionalización del litio, tras fracasar en la víspera una reforma del sector eléctrico.
El mandatario detalló que la iniciativa incluye crear una empresa para exploración y explotación, así como la prohibición de dar nuevas concesiones del mineral, de creciente uso para la fabricación de baterías y del que se estima que el país latinoamericano posee importantes reservas.
«Si así lo deciden en la Cámara se va a discutir (una iniciativa) para que nacionalicemos el litio, así de claro, y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional», dijo el gobernante en su rueda de prensa diaria. Está previsto que el debate parlamentario inicie después de medio día.
López Obrador había anunciado la semana pasada que tenía listo un proyecto de modificación de la ley minera para proteger el litio si no se aprobaba una reforma constitucional del sector eléctrico discutida el domingo en el Congreso y que incluía un apartado para garantizar el dominio de la nación sobre el mineral.
La propuesta, que buscaba incrementar el control del Estado sobre esa industria, no logró el respaldo de dos tercios de votos que requería por el rechazo de la oposición, catalogado de «traición» por el gobernante. La reforma a la ley minera solo requeriría de mayoría simple, de la que sí dispone la alianza de Morena, PT y PVEM.
Pese al revés legislativo del domingo, el presidente reiteró que un fallo de la Suprema Corte que la semana pasada validó varios cambios a Ley de la Industria Eléctrica ya cumple con su expectativa de dar prioridad a la estatal CFE en el despacho de energía frente a compañías extranjeras de energías renovables.
Además, anunció que en lo que queda de su mandato, que termina en 2024, no tiene previsto presentar más propuestas de reformas constitucionales en materia de petróleo o electricidad.
No obstante, aclaró que mantiene su plan de que se discutan en el Congreso sus iniciativas de modificación de la Carta Magna para reformar un sistema electoral que considera «corrupto» y dotar de rango constitucional a la Guardia Nacional, una policía militarizada creada en su gestión, iniciada a finales de 2018.
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