Con un posicionamiento contundente, Mariana Rodríguez afirmó que lo que vive Nuevo León no es una disputa entre partidos, sino un problema de fondo: la presunta utilización de la Fiscalía estatal como herramienta política.
La directora de Amar a Nuevo León recordó que en la elección de 2024 se registraron carpetas abiertas en plena campaña, filtraciones estratégicas y presiones contra actores de oposición. Señaló que la reciente detención de Karina Barrón exhibe un patrón que, dijo, apunta a la fabricación de denuncias y expedientes con fines electorales.
Rodríguez subrayó que ella misma enfrentó investigaciones abiertas en tiempos clave del proceso electoral en Monterrey, así como actos de intimidación. Afirmó que una institución encargada de procurar justicia no puede actuar con criterios partidistas ni convertirse en mecanismo de presión.
“El problema no es defender a una persona, es defender el Estado de derecho”, sostuvo, al advertir que normalizar el uso político de la ley pone en riesgo la democracia.
Las declaraciones se producen luego de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusara a Morena y Movimiento Ciudadano de actuar en conjunto para perseguir a priistas rumbo a 2027. El PRI incluso calificó el caso como persecución política.
Desde Nuevo León, la respuesta de Movimiento Ciudadano fue inmediata. Baltazar Martínez, coordinador estatal del partido, rechazó los señalamientos y aseguró que en la entidad no se permitirá que se distorsione la realidad con fines partidistas.
Por su parte, Juan Zavala, vicecoordinador de la bancada naranja en el Congreso local, fue claro al afirmar que los presuntos delitos cometidos por militantes del PRI corresponden únicamente a ese partido. Añadió que Movimiento Ciudadano no será responsabilizado por actos de corrupción ajenos y defendió que su fuerza política representa hoy una alternativa sólida frente a los viejos esquemas.
El cierre de filas en torno a Mariana Rodríguez refleja una postura común en MC: exigir instituciones verdaderamente autónomas y evitar que la justicia sea utilizada como instrumento de intimidación política en Nuevo León.
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