Las manifestaciones en Colombia entraron el miércoles en su cuarta semana, con una nueva huelga nacional convocada por sindicatos de trabajadores, estudiantes y organizaciones que demandan una serie de cambios sociales, sin que se vislumbre un acuerdo con el Gobierno para poner fin a las protestas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el lunes a las Fuerzas Armadas desbloquear las carreteras ante la escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades, pero las obstrucciones continúan en varias regiones como parte de las protestas en las que se han registrado saqueos, actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Cientos de personas se reunieron en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá.
«Creo que Colombia perdió el miedo y nosotros vamos hasta que realmente cambie esto porque si no vamos a seguir sufriendo, vamos a sufrir peor y es un deber que tenemos con las generaciones que vienen», dijo el profesor Luis Carlos García, de 35 años, quien caminaba con su hijo de cuatro años sobre los hombros.
Ati Quigua, la líder indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien llegó a Bogotá con 50 personas de su comunidad, dijo que salió a protestar contra los asesinatos de activistas de derechos humanos y aseguró que el paro es «indefinido».
Los sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales comenzaron el 28 de abril una protesta para rechazar un proyecto de reforma tributaria del Gobierno para subir los impuestos que fue retirado y que provocó la renuncia del ministro de Hacienda.
Pero los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir una renta básica para las familias pobres, el fin de la violencia policial y empleo y educación para los jóvenes.
El Congreso archivó el miércoles en la Cámara de Representantes y en el Senado un proyecto de ley para reformar la salud, una de las demandas de los manifestantes.
Las cifras de muertos en medio de las protestas no coinciden. La Fiscalía General de la Nación informó a comienzos de esta semana que, de 42 reportes de personas fallecidas en las manifestaciones, se identificó que solo 15 tienen relación directa.
El Ministerio de Hacienda estima que las protestas, las más largas y violentas en la historia reciente del país, cuestan unos 132.4 millones de dólares cada día.
El estallido social se presenta en medio de una fuerte escalada de la desigualdad y la pobreza en el país sudamericano intensificada por la pandemia de coronavirus, que provocó la quiebra de empresas, el repunte del desempleo y disparó el endeudamiento público para enfrentar la crisis.
El impacto social de la pandemia apunta a detonar manifestaciones en otros países de la región, como Brasil, advirtió recientemente la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de investigación que promueve los derechos humanos.
Analistas vaticinan que la interrupción de la actividad productiva por las manifestaciones enfriará el dinamismo de la cuarta economía de América Latina este año, tras haber logrado una sorpresiva expansión de 1,1% en el primer trimestre, apenas levantando la cabeza tras una histórica contracción de 6,8% en el 2020.
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