La elección extraordinaria para elegir este domingo una senaduría por Tamaulipas pudo ser el último proceso electoral organizado en plenas condiciones democráticas y de certeza, de prosperar el «Plan B» de reforma electoral.
Este proceso en Tamaulipas será el último en el que les corresponda participar a cuatro de los once actuales integrantes del Consejo General, pues concluirán sus encargos el 4 de abril, día en que tomarán posesión tres nuevos consejeros y nueva persona en el cargo de la presidencia del organismo.
En mensajes en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar seguimiento a la elección extraordinaria en Tamaulipas, en donde este domingo se elige a la persona que ocupara una senaduría vacante, tanto el consejero presidente del organismo Lorenzo Córdova, como el consejero Ciro Murayama advirtieron que los próximos comicios no contaran con la misma certeza en la organización, si se concreta la reforma electoral.
«Hoy esta elección ocurre en plenas condiciones democráticas, y esto ha sido posible gracias a esas conquistas históricas y a que son organizadas por servidores públicos electorales profesionales”, menciono Córdova en defensa del Servicio Profesional Electoral (SPEN), que sufrirá un recorte, una vez aprobado el «Plan B».
Hizo un reconocimiento a ese personal frente a quienes, dijo, los ven como “fácilmente prescindibles, como burócratas sin capacidades probadas”.
Murayama alertó que en las elecciones futuras puede haber «un desorden, un caos», pues, agregó, las presidentas y los presidentes de casilla no sabrán bien a bien qué personas es representante o no de cada partido (o) si se le niega el ingreso a un representante acreditado».
Apuntó que la propuesta de reforma puede permitir a los partidos cambiar o designar a sus representantes hasta un día antes de la jornada electoral.
«Esta puede ser la última elección a la que se llega con un padrón plenamente actualizado si se despide a prácticamente todos los funcionarios del SPEN del Registro Federal de Electores (RFE) en los estados, como pretende con irresponsabilidad el llamado Plan B”, acuso Murayama.
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