En cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los señaló como culpables de desacatar una orden judicial, es que la Fiscalía General de la República (FGR) separó de su cargo a dos de sus funcionarios.
La SCJN ordenó proceder contra los dos servidores públicos luego de que se comprobó que “no hicieron nada y al contrario, procuraron obstaculizar una sentencia de amparo” que ordenaba cotejar el número de joyas aseguradas por la FGR en una investigación, con las facturas y autorizaciones de importación que presentó su presunto dueño.
Los imputados desacataron una orden judicial para verificar el origen lícito de unos diamantes valuados en 235 millones de pesos, propiedad atribuida a un presunto contrabandista.
En un comunicado, la FGR informó que acatará el fallo de la Suprema Corte y ante ello separó de su cargo al Agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel “M”, y de su superior jerárquico inmediato, Celia “A”.
Esto, “por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un Juez Federal de Amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su consignación (judicialización)”.
Recordó que este asunto comenzó mediante una averiguación previa por contrabando en 2014, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en Cancún, Quintana Roo, y los bienes correspondientes “fueron decretados por abandono a favor del Estado y entregados a las instancias federales competentes“.
Y el incumplimiento “consistió en no haber realizado, en tiempo y forma, por parte del Ministerio Público y de su superior inmediato, todas las diligencias que el Juez les ordenó”, y cuando le hicieron llegar a la autoridad judicial la información respectiva, “los plazos ya habían sido incumplidos”.
La dependencia señaló que por lo que toca al incidente de “inejecución“, la institución “cumplirá cabalmente con los plazos y diligencias ordenadas que sean necesarias, a través de los Agentes del Ministerio Público que se encargarán de este caso”, ya que, dijo, la FGR cumple y cumplirá con sus obligaciones legales, sancionando a todo aquel servidor público que no lo haga.
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