La justicia de Perú ordenó el jueves una prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, en una jornada en la que murieron al menos siete personas y en la que se agravó un conflicto diplomático de Lima con gobiernos de la región que se oponen a la destitución del líder de izquierda.
Castillo, un profesor de primaria elegido en 2021, fue destituido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial de forma ilegal.
El juez supremo Juan Carlos Checkley fundamentó su decisión en que existe un riesgo de fuga del exmandatario Castillo, que intentó pedir asilo en México, además consideró que hay peligro de que obstruya la justicia si se le deja en libertad.
Castillo cumplía una detención preliminar de siete días tras su destitución por el Congreso, dominado por la oposición, y permanece recluido en una base policial al este de Lima.
Cientos de manifestantes se apostaron fuera de la base policial para reclamar la libertad del exmandatario.
«Lo único que queremos es que se escuche la voz del pueblo, y el pueblo pide restituir a nuestro presidente», dijo Gloria Machuca, en una protesta en otro barrio de la ciudad de Lima.
Tras la destitución de Castillo, quien enfrentaba varias investigaciones por presunta corrupción, asumió al poder su vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte.
La nueva mandataria ha enfrentado desde la caída de Castillo duras protestas, que han dejado 15 muertos en una semana y en las que se demanda un adelanto de las elecciones, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte.
El exmandatario Castillo ha negado las acusaciones de «rebelión y conspiración» y el miércoles, en un mensaje por Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU que «interceda».
Los Gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia dijeron esta semana en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de «hostigamiento» político desde asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a «abstenerse de revertir la voluntad popular expresada» en las urnas.
En respuesta, la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi anunció el jueves que llamó a Lima a sus embajadores en los países -gobernados por líderes de izquierda- como «reacción a la intromisión en los asuntos internos» de la nación andina.
El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la destitución de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico del nuevo Gobierno en Perú y no ha reconocido a la presidenta Boluarte.
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