La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la impunidad es el principal problema que afecta a la resolución de los casos de desaparición forzada, cuya cifra en el país asciende a más de 111 mil, según datos del Registro Nacional en esa materia que implementa la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.
Por tanto, informó a asociaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición, que en la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República, para su aval, se hacen precisiones para que la desaparición forzada no quede exenta de castigo.
Al presidir el Primer Encuentro Relativo a la Minuta en Materia de Desaparición Forzada, Sánchez Cordero coincidió con los asistentes en que este delito es humanamente desgarrador, ya que repercute emocionalmente en los familiares de las víctimas y trastoca la vida institucional del país.
Consideró que a pesar de que ya existen instrumentos para combatir la desaparición forzada, éstos “no son suficientes, adecuados, eficientes y eficaces”, para que el Estado mexicano dé respuesta adecuada a las víctimas y a sus familiares, por ello la necesidad de actualizar la norma para que se responda a la población y se garantice que quienes incurran en estas conductas no queden impunes.
Asimismo, aseguró a las asociaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición forzada, que el Senado de la República trabajará para facilitar los procedimientos relacionados con la protección y la salvaguarda de los derechos civiles y humanos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, aseguró que desde el Poder Legislativo se tiene la intención de modificar diversas disposiciones, y avanzar en el desarrollo de un marco regulatorio efectivo para combatir los altos índices de impunidad y corrupción que rodean el fenómeno de la desaparición forzada en México.
Se trata, dijo, de una “práctica despreciable” que se ha incrementado en los últimos años, gracias a la corrupción y la impunidad, “por lo que esta experiencia de participación plural, servirá para alinear los siguientes pasos que permitan consolidar la implementación de ordenamientos que blinden nuestro Estado de Derecho y fomenten entornos de paz”.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, expresó que para las y los senadores estos diálogos son fundamentales, porque una legislación de esta naturaleza no puede hacerse sin escuchar las observaciones, comentarios y preocupaciones de los especialistas.
“Buscaremos que esto esté resuelto en este Periodo de Sesiones, porque nuestra pretensión es sacarlo lo más pronto posible”, manifestó.
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