Desde hace tiempo, en El Salvador abrió una de las prisiones de máxima seguridad más grandes de América Latina, pero ante la ola de violencia que se vive en Centroamérica, Honduras pareciera estar copiando la estrategia de su vecino en los esfuerzos para combatir la violencia de las pandillas.
Esta cárcel que ordenó abrir Bukele ha sido objeto de severas críticas por parte de ONG y países como Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha interactuado con su colega salvadoreño, Nayib Bukele, a través de Twitter, por presuntas violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con medios locales, El Salvador lleva un año bajo un “estado de excepción” que limita derechos constitucionales como la libertad de movimiento y asociación en un intento por reducir la violencia. Diversas ONG y organizaciones internacionales denuncian que el gobierno utiliza la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en su lucha contra las maras.
Las medidas tienen como objetivo reducir el número de homicidios, y hay algunas pruebas de que podrían estar funcionando. Según el diario El Universal, desde el fin de la guerra civil en 1992, el mayor número de homicidios se registró en 2015 con 6.656, para luego descender a 1.147 en 2021 y a 495 en 2022. Por su parte, los índices de aprobación de Bukele están por las nubes.
Ahora Honduras parece seguir el ejemplo de su vecino. En diciembre, la presidenta Xiomara Castro implementó estado de excepción para combatir a pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha. La medida fue prorrogada dos veces, pese a la preocupación de Naciones Unidas, que pidió no extenderla. Si no vuelve a prorrogarse, expirará el 20 de abril.
Y la semana pasada, autoridades hondureñas anunciaron la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, con capacidad para 1.500 reclusos cada una. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que se instarán en la isla del Cisne, en la zona del Caribe, y en la zona montañosa de Patuca.
“Este proyecto es para este año, es una construcción inmediata, se están identificando los recursos y la idea es albergar a 1.500 miembros de estructuras criminales en cada cárcel”, indicó Sánchez, según el diario La Prensa.
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