Hasta el 2025 la información sobre contratos y pagos de vacunas contra el COVID-19 seguirán en calidad de reservados aduciendo razones de seguridad nacional, así lo avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, mismos que en específico de trata de los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.
En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que había reservado esa información por cinco años, pero el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) bajó el plazo a dos años.
Sin embargo, la Suprema Corte lo volvió a aumentar a cinco años, el máximo que permite la ley y que se contarán a partir de diciembre de 2020, con lo que la información se mantendrá en reserva hasta el 2025.
En un comunicado, el Pleno de la Suprema Corte indicó que resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos.
En el primero de ellos resolvió que “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”.
Por este motivo, el alto tribunal decidió que esta información “debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial)”.
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