Miles de peruanos, muchos de las regiones mineras del sur del país, marchaban el jueves en la capital Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a protestas contra el Gobierno que comenzaron en diciembre.
Los enfrentamientos marcan la peor violencia que ha visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes en su mayoría de regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.
En la región sureña de Arequipa, la policía enfrentó con bombas lacrimógenas a cientos de manifestantes que intentaron tomar el aeropuerto, según la televisión local. El ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones de ese terminal aéreo de manera preventiva.
En buses y a pie, miles han viajado a la capital portando banderas y pancartas criticando al Gobierno y a la policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.
Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la “Toma de Lima”, y la policía anunció el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.
En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país.
La Defensoría del Pueblo informó la muerte el jueves de una persona que resultó herida en una protesta el miércoles en Puno, que registra casi la mitad de todos los 44 fallecidos en enfrentamientos, incluido un policía. Otros nueve han muerto en accidentes relacionados a bloqueos por los conflictos.
Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.
La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.
La fiscalizadora de transporte informó de más de 120 puntos de bloqueos en 18 de las 25 regiones del país.
Boluarte ha pedido “perdón” por las muertes en las protestas pero ha reafirmado que no va a renunciar.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.
Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días han sido albergados en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para apoyar las protestas.
Con información de Reuters
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