La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierto y judicializado un proceso de investigación en contra de María Amparo Casar, académica y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según detalló la dependencia, la mujer es investigada por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con el cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Asimismo, la FGR ya solicitó la audiencia inicial ante un juez federal, como parte del procedimiento penal en curso. Precisaron que el Ministerio Público Federal analiza minuciosamente la carpeta de investigación para confirmar que fue integrada conforme a derecho
También aclararon que el caso contra María Amparo Casar fue judicializado desde septiembre, y no de manera reciente, como se difundió en algunas versiones.
La Fiscalía subrayó que la investigación se conduce exclusivamente bajo criterios jurídicos, con respeto a los derechos de las personas involucradas, y rechazó de manera tajante que exista una actuación “por consigna” o motivada por intereses ajenos a la ley, como se ha señalado en redes sociales.
“La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas”, dice el mensaje compartido en redes.
Según información publicada por La Jornada, la carpeta de investigación fue judicializada para que María Amparo Casar sea juzgada por su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, mediante el cual habría obtenido una pensión vitalicia de Pemex tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
El caso ha llamado la atención pública debido a que, de acuerdo con la indagatoria, Márquez Padilla solo habría laborado 129 días en Pemex antes de su deceso. No obstante, se generó una pensión cuyo monto acumulado supera los 31 millones de pesos, situación que dio origen a la investigación federal para determinar si existió un uso indebido de atribuciones o facultades en el otorgamiento y cobro de dicho beneficio.
Hasta el momento, María Amparo Casar no ha emitido una postura pública sobre la solicitud de audiencia inicial ni sobre el avance del proceso penal, mientras la investigación continúa su curso conforme a la ley.
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