El descarrilamiento de un tren de pasajeros en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en las inmediaciones de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, dejó al menos 14 personas muertas y 98 lesionadas, cinco de ellas en estado grave. El convoy, que transportaba a cerca de 250 pasajeros, salió de las vías en una zona de curva y pendiente, provocando que varios vagones se precipitaran por un talud, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en el país.
A más de una semana de la tragedia, el caso ha escalado del ámbito del duelo al terreno legal. Víctimas sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas, asesorados por sus abogados, anunciaron que el próximo lunes 5 de enero de 2026 presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. La querella estará dirigida contra empresas constructoras, contratistas y funcionarios públicos presuntamente involucrados en la planeación, ejecución y supervisión del proyecto ferroviario.
Los representantes legales sostienen que existen indicios de fallas estructurales y operativas que pudieron haber contribuido al siniestro, por lo que buscan que se finquen responsabilidades y se garantice la reparación integral del daño. En paralelo, la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas técnicas del accidente y deslindar responsabilidades administrativas y penales.
¿Qué se investiga tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico?
Las indagatorias apuntan a posibles deficiencias en la rehabilitación y adaptación de las vías férreas, especialmente en tramos con curvas cerradas y pendientes pronunciadas, donde el riesgo operativo es mayor. Versiones preliminares indican que estos segmentos podrían no haber cumplido con los estándares técnicos necesarios para la circulación segura de trenes de pasajeros.
El futuro del proyecto bajo la lupa
El accidente ha intensificado el debate sobre la viabilidad, seguridad y transparencia del Tren Interoceánico, un proyecto estratégico que busca conectar los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. Mientras autoridades federales y estatales aseguran que colaboran en las investigaciones, organizaciones civiles, expertos y opositores demandan auditorías independientes y una revisión a fondo de las obras, advirtiendo que la tragedia podría marcar un punto de inflexión en la evaluación de los megaproyectos de infraestructura en México.
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