Tras perder todos los recursos legales en España para impedir su extradición, el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya vuela con destino a México, donde tiene una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.
Ancira, quien permanecía en Palma de Mallorca desde mayo de 2019, fue entregado a autoridades mexicanas por presuntamente haber sobornado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con 3.5 millones de dólares para que la paraestatal comprara la planta chatarra de Agronitrogenados por 257 millones de dólares, a pesar de que el complejo llevaba 20 años sin operar.
Parte del dinero obtenido fue transferido por Ancira a cuentas de Odebrecht.
«Está volando en un avión de la Fiscalía General de la República de España para México», dijo la secretaria de Gobernación , Olga Sánchez Cordero, en la conferencia de prensa matutina.
«Tendrá que enfrentar un proceso penal».
De acuerdo con versiones periodísticas, alrededor de las 02:30 hrs (tiempo de México), Ancira abordó el avión Bombardier Challenger 605 de la FGR para completar su proceso de extradición a México.
Se prevé que a su llegada, el empresario acuda ante el Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, de la Ciudad de México.
Sin embargo, ninguno de los delitos que se le imputan son considerados graves, por lo que no contemplan la prisión preventiva.
FGR BUSCA PRISIÓN PREVENTIVA DEL EMPRESARIO
Al considerar que existe riesgo de fuga, la FGR pedirá que Alonso Ancira sea recluido.
Ya anteriormente la Fiscalía ha solicitado que los acusados en casos relevantes permanezcan detenidos, como ocurrió con Emilio Lozoya.
En mayo de 2019, Alonso Ancira fue detenido en el aeropuerto Son Sant Joan de la isla de Palma de Mallorca proveniente de EU en un vuelo privado.
Agentes de la Policía Nacional española lo identificaron con base en una alerta de la oficina en España de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
A mediados de enero, AHMSA, la mayor siderúrgica del país, acordó con la FGR pagar unos 200 millones de dólares en un plazo de cuatro años al erario mexicano como reparación económica por el caso de corrupción.
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