La cantante Alicia Villarreal enfrenta un nuevo episodio legal luego de que autoridades ejecutaran un embargo sobre diversos bienes de su propiedad, entre ellos vehículos, juguetes y artículos personales, en un procedimiento que su equipo jurídico califica como irregular.
De acuerdo con la defensa, parte de los aseguramientos se habrían realizado en domicilios cuya numeración no coincide con la señalada en los documentos oficiales, situación que —aseguran— podría invalidar algunas actuaciones dentro del proceso judicial.
Alegan pagos cubiertos y preparan impugnación
Los abogados sostienen que la intérprete ya habría cubierto los adeudos que dieron origen a la diligencia, por lo que consideran que el embargo pudo ejecutarse de forma indebida. Ante este escenario, anunciaron que preparan recursos legales para impugnar el procedimiento y deslindar responsabilidades en caso de confirmarse alguna anomalía administrativa o judicial.
Este nuevo capítulo ocurre casi un año después de que la artista denunciara a su entonces esposo, el productor Cruz Martínez, por violencia familiar, señalando presuntas agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales. El caso cobró notoriedad pública cuando la cantante realizó una señal de auxilio durante un concierto, gesto que detonó atención mediática y derivó en un proceso penal. Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, mientras que otras acusaciones no prosperaron.
La defensa de Villarreal ha insistido en que el actual embargo es independiente del conflicto con su exesposo, aunque subraya que se mantendrán atentos para evitar vulneraciones a sus derechos.
Mariel Colón responde a críticas tras cantar con su clienta
En medio del proceso, la abogada Mariel Colón —conocida por haber formado parte del equipo legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras presentarse junto a Villarreal en un concierto realizado en el Domo Care, en Monterrey.
La participación generó críticas en el programa Hoy Día de Telemundo, donde conductores cuestionaron la cercanía entre abogada y clienta, así como su disposición a representar a figuras controvertidas.
Ante los señalamientos, Colón defendió su postura al señalar que el papel de un abogado penalista no es aprobar conductas, sino garantizar el debido proceso y proteger derechos constitucionales. También aclaró que la ética profesional en el derecho no impide mantener cercanía con un cliente, siempre que se respete el deber de lealtad en la defensa.
Incluso confirmó que personas allegadas al presidente de Venezuela la contactaron para explorar una posible representación legal, asegurando que la justicia no debe depender de la popularidad o nacionalidad del defendido.
Mientras tanto, el proceso de embargo contra Alicia Villarreal continúa bajo revisión jurídica, en un contexto que mantiene la atención mediática sobre la artista y su entorno legal.
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