Luego de que el 15 de agosto de 2023, padres y madres de los 43 normalistas interpusieron ante el PJF una demanda de amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, es que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó al Ejército mexicano no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Lo anterior se da al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres y las madres de los estudiantes normalistas, esto, de acuerdo con lo informado por el Centro Prodh en un comunicado.
Se explicó que dicha medida se tomó al considerar que las autoridades han incumplido el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018, el cual ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso, violando con ello el derecho a la verdad.
Las familias de las víctimas señalaron que tras conocer el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron pleno conocimiento de que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia.
A decir de los afectados, con ello se interfiere en la posibilidad de entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Por ello, señalan directamente al secretario de la Sedena; al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor; y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras autoridades.
Como medida cautelar, han pedido que se ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. El objetivo es que al resolverse de fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley.
A decir del Centro Prodh, a casi nueve de los hechos, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto, y aunque hay algunos avances, el último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor, mostraron que «los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia».
Mientras tanto, las familias seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos, incluso «judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción».
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