El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2022.
A través de un comunicado, el INE indicó que dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto sobre el Plan B de la Reforma Electoral, crea condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
El Instituto consideró que el decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se le impide ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
También se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado de manera apresurada y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”, aseguró.
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