El tema de los actos violentos suscitados el pasado sábado en el estadio Corregidora de Querétaro durante el partido de futbol entre Querétaro y Atlas, llegó hasta la Cámara de Diputados donde los coordinadores de los siete grupos parlamentarios acordaron llamar a directivos y dueños de equipo para que expliquen sobre los recientes hechos, así como la situación que prevalece en materia de seguridad para los aficionados.
A propuesta del coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, los demás coordinadores parlamentarios integrantes de la Junta de Comunicación Política (Jucopo) acordaron llamar e invitaran los presidentes de la Liga Mexicana de Fútbol BBVA, Mikel Arreola y de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa.
Álvarez Máynez detalló que también se extenderá la invitación a los dueños de los equipos de fútbol en el país, además de que la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) que encabeza Ana Gabriela Guevara será invitada a formar parte de estos trabajos. Y aunque todavía no existe una fecha definida, señaló que no dejarán pasar más tiempo y buscarán establecer un cruce en las agendas de los directivos y dueños del futbol, así como de los legisladores, quienes, resaltó, están muy interesados y dispuestos en participar en estas reuniones.
Álvarez Máynez dejó en claro que este asunto consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, por lo que no tiene colores partidistas y el objetivo es que todas las partes involucradas tomen cartas en el asunto ya que, dijo, no solo es responsabilidad de los dueños de los equipos y directivos, sino también del Estado mexicano pues es un asunto de interés público.
“El clima que se construyó fue de consenso, de no partidizar la discusión de este tema, porque es generalizado y no puede ser la decisión de un club mantener una barra de este tipo, con una estructura que se presta a ser, incluso, infiltradas por el crimen organizado y la permanencia de estas estructuras no puede depender de la buena voluntad de un club o de la decisión de la Liga. El Estado mexicano tiene que poner límites, tiene que haber parámetros de presencia policiaca municipal, estatal e incluso federal; pero cuál es el parámetro, cuántos deben de estar para supervisar y para poder tener una acción coordinada, creo que es parte de lo que se tiene que revisar y creo que la Cámara hace bien en no situarse como espectadora de un problema tan grave como este. (…) No es una cosa que el Gobierno se pueda seguir lavando las manos, que los legisladores nos debamos lavar las manos y decir: le toca a la Liga y a los dueños, no, es un asunto de interés público y es un asunto en el que todos tenemos que hacer algo que no hemos estado haciendo que es ponerle atención a un tema”, dijo.
Destacó la situación que se vive con las empresas de seguridad privada encargadas de este tipo de eventos; refirió que no puede ser una revisión que se le deleguen a éstas, donde las personas encargadas de la revisión no tienen una relación contractual con la empresa, ni los estándares mínimos de capacitación y de verificación.
Asimismo, sostuvo que hay diversos factores que deben revisarse, como el cumplimiento de la propia ley que ya existe y que no se ha “echado” a andar por parte de la CONADE, además, indicó que ésta se puede complementar con otros temas que faltan como el alcohol que se vende, la credencialización, la coordinación entre las tres fuerzas municipales, estatales y federales de la policía.
Así como prohibir, dijo, las mal llamadas barras, pues, afirmó, son grupos que incitan a la violencia y que generan un autogobierno de los estadios muy nocivo para la afición, “parte del problema es que toda la regulación al fútbol en México ha estado bajo los parámetros del interés comercial de los equipos y es válido, es legítimo, pero además de los intereses de los dueños de los equipos y de los intereses comerciales está el interés general, y el interés de los aficionados que es el que hoy tiene que ponerse en el centro de esta discusión”, apuntó.
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