Por acuerdo de todos los grupos políticos, la llamada: Ley Banxico, aprobada por la Cámara de Senadores y que, estaba prevista que subiría al Pleno de San Lázaro este martes, se aplazó para su discusión y aprobación hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, pese a que estaba en la agenda del Orden del Día.
De ésta manera se dará espacio a un gran debate, luego de las inquietudes manifestadas por el Banco Central, la Unidad de Inteligencia de Hacienda (UIF), a cargo de Santiago Nieto; y de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB).
Lo anterior tras los cuestionamientos y advertencias del Banco de México, instituciones financieras y analistas, la mayoría parlamentaria de Morena en San Lázaro dio marcha atrás y decidió aplazar la discusión y votación de las reformas a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas hasta 2021.
En reunión de Junta de Coordinación Política, el líder de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, confirmó la determinación de integrar un grupo de trabajo para analizar el proyecto y escuchar a las instituciones financieras, al sector turístico y a los connacionales que envían remesas a sus familias en México.
Propuse a la Jucopo la creación de un grupo de trabajo con la participación de todos los sectores que tienen que ver con la reforma a la Ley del Banco de México: @Banxico, las instituciones financieras y quienes son motivo, que son 30 millones de migrantes.
— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) December 15, 2020
“Propuse a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo con la participación de todos los sectores que tienen que ver con la reforma a la Ley del Banco de México: las instituciones financieras y quienes son motivo, que son 30 millones de migrantes”, señaló Mier posteriormente en redes sociales.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue citada a reiniciar su reunión permanente este mediodía para formalizar el aplazamiento de la discusión.
La reforma aprobada ya por el Senado de la República prevé establecer la obligación del Banco de México para adquirir a las instituciones financieras los dólares en efectivo que no pueden ser repatriados a Estados Unidos y, en su caso, incorporarlos a las reservas internacionales del país.
No obstante, el banco central advirtió que dicho proyecto no solo violenta su soberanía, sino generaría el riesgo de “lavado” de dinero en el sistema financiero y daría incluso lugar a sanciones internacionales a México.
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