El periodista y defensor de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz abordó en Aristegui en Vivo la situación de los presos políticos en Venezuela, entre los que se encuentran los mexicanos Juan Diego Salvador Gómez Toral, Gustavo Domínguez Orellana y Gladys Orellana Martínez.
Díaz explicó que Gómez Toral y Domínguez Orellana permanecen detenidos en el Comando Nacional Antidrogas, mientras que Gladys Orellana se encuentra recluida en la cárcel de mujeres La Crisálida. Señaló que los tres fueron detenidos a finales del año pasado como parte de una estrategia del gobierno chavista para presionar a misiones diplomáticas y moderar las críticas internacionales hacia Venezuela.
El periodista denunció que a este tipo de detenidos se les niegan las visitas consulares, a pesar de que son un derecho garantizado por el derecho internacional, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Durante la entrevista, Díaz reportó 163 liberaciones de más de 1,200 personas detenidas en al menos 90 centros de reclusión, aunque advirtió que la cifra de presos sigue aumentando. Explicó que muchas familias ahora se atreven a denunciar casos que antes mantenían en silencio por miedo a represalias, extorsión o persecución política.
Subrayó que, una vez liberados, muchos presos políticos revelan información clave sobre personas cuyo paradero era desconocido, además de denunciar torturas, incomunicación y tratos crueles durante su detención.
“Hay extranjeros que al salir cuentan que hay otros extranjeros presos de los que no se sabía nada”, explicó Díaz, quien mencionó casos de japoneses, españoles, colombianos y confirmó que a la prensa ya ha llegado información sobre tres mexicanos detenidos en Venezuela.
El periodista también alertó sobre irregularidades graves en los procesos judiciales, al afirmar que en Venezuela no existe independencia judicial. “No hay tribunales legítimos ni jueces de carrera; todos son funcionarios políticos nombrados a dedo, por lo que los juicios están completamente viciados”, sostuvo.
Díaz señaló que uno de los aspectos más alarmantes es la situación de ciudadanos extranjeros sometidos a torturas y malos tratos. En el caso de los mexicanos, destacó que apenas recientemente se logró conocer su ubicación. Sobre los colombianos, indicó que más de 25 continúan detenidos, pese a la cercanía ideológica entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, muchos de ellos denunciando desapariciones, aislamiento prolongado e incomunicación, hechos que calificó como crímenes de lesa humanidad.
Añadió que la problemática alcanza a más de 25 nacionalidades y citó el caso de un ciudadano de República Checa, país sin representación diplomática en Venezuela, quien permaneció detenido sin que nadie supiera de su paradero hasta que fue liberado recientemente.
“Nadie lo vio hasta hace tres días, cuando enviaron un avión militar para recogerlo, y en ese mismo operativo liberaron también a dos ciudadanos alemanes”, relató. También mencionó detenciones de personas de nacionalidad albanesa, rumana y ucraniana, entre otras.
En el plano político, Díaz afirmó que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ejerce un “tutelaje” sobre el régimen de Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, luego de una incursión militar estadounidense en Caracas.
“Es un gobierno títere, asumido incluso por ellos mismos. Los hermanos Rodríguez deben obedecer a Estados Unidos, aunque su naturaleza es manipular”, dijo, al tiempo que denunció que las detenciones continúan.
Como ejemplo reciente, relató la liberación de 16 niños detenidos la semana pasada en la ciudad de Barcelona, al oriente del país. Los menores fueron arrestados mientras jugaban en la calle, tras ser denunciados por vecinos simpatizantes del chavismo.
Finalmente, Díaz denunció que el régimen de Delcy Rodríguez ha deportado periodistas y les ha confiscado sus equipos de trabajo, lo que agrava el clima de censura.
“Esperamos que esto se corrija, que haya más espacio cívico y que cese la persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas. Pero hoy, la realidad es que no hay garantías”, concluyó.
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