México está a punto de vivir una transformación profunda en la manera en que los ciudadanos se identifican ante el Estado y los sectores privados. Con la aprobación en comisiones del Senado de la llamada CURP biométrica y la implementación de la plataforma digital Llave MX, el país se encamina hacia la centralización total de los datos de identidad en un solo documento que será obligatorio y que incluirá no solo datos personales como nombre, sexo y nacionalidad, sino también fotografía y huellas dactilares.
Esta iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo y respaldada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derechos digitales, universidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) y sectores de la oposición política. Las advertencias apuntan hacia un riesgo real de erosión de libertades fundamentales bajo el argumento de la modernización digital.
Una sola identidad, bajo control estatal
La CURP biométrica será el único documento oficial válido de identificación en México, tanto para mexicanos como para extranjeros con residencia legal. Su uso será obligatorio para realizar cualquier trámite público o privado: desde acceder a servicios de salud, educación, justicia o seguridad social, hasta la contratación de servicios bancarios, telefónicos o de internet. La información estará centralizada en la Plataforma Única de Identidad, administrada por la Secretaría de Gobernación, y contará con una versión digital gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El documento estará vinculado a Llave MX, una aplicación digital que funcionará como sistema único de autenticación ante cualquier instancia gubernamental. En la práctica, eso significa que toda la interacción de los ciudadanos con el Estado pasará por un sistema unificado de control de identidad, con una sola clave de acceso, un solo registro biométrico y una sola autoridad gestora.
Académicos y expertos: una arquitectura para el control
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ha sido una de las voces más críticas del proyecto. “Este sistema concentra en un solo punto toda la información que define legalmente quién eres. No se trata solo de un cambio administrativo, sino de una transformación estructural del vínculo entre el ciudadano y el poder”, advirtió en entrevista para El País.
Los expertos alertan que el uso obligatorio de datos biométricos —como huellas digitales y fotografía— coloca a la población en una situación de vulnerabilidad permanente. “No se puede cambiar una huella como se cambia una contraseña. Si esta base de datos es vulnerada, el daño será irreparable”, señaló García.
Académicos de instituciones como el CIDE y la UNAM han coincidido en que la implementación de la CURP biométrica, tal como está planteada, carece de mecanismos suficientes de protección y fiscalización. “No hay supervisión judicial independiente. No hay límites claros sobre qué datos se recolectan, cómo se usan ni con qué fines pueden ser compartidos. Lo más alarmante es que se da por hecho que el Estado es siempre un actor benévolo y sin tentaciones autoritarias”, expresó la doctora Estefanía Vela Barba, profesora e investigadora en temas de derechos humanos.
El proyecto ha sido comparado con el sistema Aadhaar en India, que fue diseñado con fines similares y que, tras su implementación, ha sido acusado de facilitar el espionaje, la exclusión social y la manipulación de votantes.
Privacidad, exclusión y vigilancia masiva
La preocupación más recurrente es la potencial vulneración del derecho a la privacidad. El cruce de datos biométricos con otras bases del gobierno —como las del sistema nacional de salud, los registros educativos, financieros o judiciales— permitiría un grado de vigilancia sin precedentes.
Organizaciones como Artículo 19, Fundar y Data Cívica han advertido que esta centralización de información abre la puerta a formas de control estatal profundamente intrusivas. Además, señalan que la medida puede generar discriminación estructural, ya que muchos sectores de la población no cuentan con acceso a tecnología o tienen características biométricas difíciles de registrar, como personas con huellas deterioradas, adultos mayores o personas transgénero cuya identidad de género no coincide con los datos oficiales previos.
El argumento de eficiencia tecnológica no convence a los defensores de derechos digitales. “El problema no es el uso de tecnología. El problema es cómo se construye, quién la controla y para qué fines se utiliza. En este caso, la tecnología está al servicio del poder, no de la ciudadanía”, sostuvo García.
El INE, entre la incertidumbre y la resistencia
Uno de los actores institucionales más afectados será el Instituto Nacional Electoral. Su credencial para votar, actualmente el principal documento de identificación en México, quedará desplazada por la CURP biométrica.
En declaraciones recientes, el INE ha expresado su preocupación por la reforma. Aseguran que el uso obligatorio de la CURP con fotografía podría generar desinterés en tramitar la credencial para votar, debilitando con ello la estructura del padrón electoral y afectando la participación ciudadana.
“Si los ciudadanos ya cuentan con una CURP biométrica para identificarse, ¿qué incentivo tendrán para acudir por una credencial del INE? Esto pone en riesgo la legitimidad del padrón y la base misma de la democracia representativa”, dijo una fuente interna del instituto a Milenio.
La reforma contempla además la obligación del INE de transferir sus bases de datos biométricos al Registro Nacional de Población, lo que genera dudas sobre la autonomía y confidencialidad de la información que el instituto ha resguardado durante décadas.
La oposición denuncia una estrategia de control
Los partidos de oposición en el Congreso han expresado su rechazo frontal al proyecto. En comisiones del Senado, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la propuesta, argumentando que representa una amenaza directa a los derechos ciudadanos.
“Lo que están construyendo es un sistema de vigilancia masiva. Nos están vendiendo la idea de modernización, pero en realidad están creando una arquitectura de control autoritario”, denunció la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano.
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