Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se trata de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y, de manera excepcional en este tema, Movimiento Ciudadano.
El dictamen, que sufrió cerca de 70 modificaciones durante su discusión, plantea una transformación estructural del ecosistema de telecomunicaciones en México, pero también genera profundas preocupaciones en distintos sectores por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y las libertades digitales.
La reforma ordena la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo constitucional autónomo encargado de regular y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, la competencia económica en el sector y los derechos de las audiencias. En su lugar, se creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo federal, así como una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con autonomía técnica pero subordinada jerárquicamente a la nueva agencia.
Para diversos analistas y legisladores de oposición, la extinción del IFT representa un retroceso democrático. “Esta ley es parte de un régimen de control, un Big Brother del bienestar”, acusó el presidente del PRI, Alejandro Moreno. En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la reforma como “una muestra clara de autoritarismo”, al permitir el rastreo en tiempo real de dispositivos móviles y otorgar facultades discrecionales a una autoridad con vínculos directos al Ejecutivo.
El senador panista argumentó que esta legislación “pone una pistola en la cabeza a los medios” al prohibir la transmisión de cualquier tipo de propaganda proveniente de gobiernos extranjeros, salvo excepciones culturales, turísticas o deportivas, y al facultar a la Secretaría de Gobernación para suspender contenidos bajo criterios amplios. “No podemos acompañar una legislación que legitima la censura ni la vigilancia generalizada”, expresó Anaya.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) también han manifestado su rechazo. En un comunicado publicado el 26 de junio, R3D advirtió que “el reemplazo del IFT por un órgano subordinado al Ejecutivo erosiona la independencia regulatoria que México había construido con años de esfuerzo”. Además, alertó que la nueva agencia podría limitar la libertad de expresión en línea, imponer restricciones a medios comunitarios incómodos al poder y abrir la puerta al espionaje ciudadano mediante la reactivación del artículo 190, que permite la geolocalización en tiempo real sin orden judicial.
En respuesta, el senador morenista Javier Corral Jurado —quien fungió como vocero de las comisiones dictaminadoras— aseguró que la nueva ley es “más sólida, más clara, más justa y más incluyente”. Afirmó que se atendieron preocupaciones sociales y se eliminó el artículo 109, que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales. En su lugar, defendió que el artículo 209 se limita a regular publicidad de gobiernos extranjeros, sin afectar la libertad de expresión.
Corral insistió en que el proyecto impulsa a los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, dotándolos de mejores condiciones económicas y acceso a tecnología, y refuerza la defensa de los derechos de las audiencias, sobre todo frente a la desinformación. “Los defensores de audiencias dejarán de ser figuras decorativas para convertirse en garantes reales”, aseguró.
Otro punto de crítica fue la concentración de facultades en la ATDT. Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, reconoció que su bancada votó a favor tras la reducción de 66 a nueve las facultades unipersonales originalmente previstas para la agencia. “La mayoría legislativa escuchó nuestras preocupaciones y corrigió”, señaló.
Sin embargo, opositores mantienen sus reservas. El PRI acusó a los legisladores oficialistas de actuar como “lacayos y esbirros” del régimen, al aprobar una ley que, en su opinión, fortalece el control informativo del gobierno. Por su parte, el senador morenista Manuel Huerta calificó estas críticas como infundadas: “Esta ley no espía ni censura; busca democratizar la comunicación y garantizar que sirva al pueblo”.
Entre otros cambios, el dictamen prohíbe que los concesionarios transmitan contenidos disfrazados de noticias, regula con más claridad la publicidad política internacional y establece descuentos en el pago por el uso del espectro a cambio de mayor cobertura social en zonas marginadas. También se integran criterios para que personas con discapacidad accedan plenamente a los servicios de telecomunicaciones.
El nuevo marco legal fue presentado como resultado de cinco conversatorios con más de 80 especialistas. No obstante, organizaciones como Article 19, el Observatorio Ciudadano de las Telecomunicaciones y académicos de la UNAM y el CIDE han manifestado que los cambios no fueron consensuados en términos amplios y que persisten zonas grises que permitirán el uso político de la regulación en telecomunicaciones.
Con la aprobación en lo general, la reforma avanza hacia su votación en lo particular, donde aún podrían hacerse ajustes. Pero, salvo sorpresas, el proyecto será ratificado con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados.
Mientras tanto, la sociedad mexicana enfrenta un panorama incierto en materia de derechos digitales, libertad informativa y regulación tecnológica. El riesgo no está solo en lo que dice la ley, sino en lo que podría permitir hacer a quienes la controlen. La extinción del IFT no solo borra una institución: marca un antes y un después en la gobernanza de las telecomunicaciones en México.
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