El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, continuará su proceso penal en prisión luego de que un Tribunal Federal confirmara el auto de formal prisión dictado en su contra por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) sustentó su imputación en cinco testigos protegidos, entre ellos un informante de la DEA, quien declaró que la organización criminal financió la campaña de Yarrington para la gubernatura en 1998 y le brindó apoyo económico durante su mandato.
Ratifican acusación por delitos contra la salud
El fallo judicial confirma lo determinado en abril por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, que dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, bajo la modalidad de colaboración para el fomento de actividades ilícitas.
La defensa del exmandatario presentó un recurso de apelación, sin embargo, el Tribunal de Alzada concluyó que no existen elementos que eximan su responsabilidad ni pruebas que invaliden los testimonios presentados por la FGR.
En el documento judicial se señala que “no existe circunstancia alguna que haya hecho suponer al sujeto activo que actuaba bajo error esencial o invencible de prohibición”, reafirmando que las conductas atribuidas al exgobernador “no estaban amparadas por causa de licitud alguna”.
Declaraciones de testigos protegidos
Uno de los testigos relató que el Cártel del Golfo habría entregado un millón de dólares en efectivo para apoyar la campaña electoral de Yarrington.
El dinero, según el informante, fue entregado en un evento político en Reynosa en 1998, y posteriormente se habrían realizado más entregas en los meses siguientes.
La defensa del exmandatario ha cuestionado el valor probatorio de los testimonios, argumentando que no se precisan montos, lugares ni fechas exactas de las supuestas entregas.
Deportación y reclusión en el Altiplano
Tomás Yarrington fue deportado de Estados Unidos a México el pasado 9 de abril de 2025, tras cumplir un acuerdo judicial en ese país.
Fue entregado a elementos de Interpol México en el cruce fronterizo de Tijuana–San Isidro, quienes lo trasladaron en un avión de la FGR al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Además del proceso por delitos contra la salud, enfrenta otra causa penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, también derivada de sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
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