Diputadas aprobaron una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para que se considere como “discriminación” la exclusión en razón de género, religión, vestimenta, discapacidad física o intelectual; condición socioeconómica, origen o estado de salud en instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, así como cualquier agresión física o verbal por parte de un alumno hacia sus compañeros.
El documento refiere que éste es un problema que poco a poco ha ido rebasando a los mismos directivos de las escuelas, ya que algunas veces los casos suelen ser extremos, al grado de requerir la intervención de las autoridades correspondientes externas a la institución.
Además, este tipo de agresiones conlleva a que los alumnos presenten problemas en el aprendizaje y procesamiento de información, y en varios casos los estudiantes ya no quieren asistir a la escuela por miedo de sufrir algún tipo de ofensa verbal o agresiones físicas, y a medida de que avanza ese temor, sube el nivel de daño.
El dictamen establece que cuando exista en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico algún tipo de discriminación o exista agresión física o verbal de manera reiterativa por parte de un alumno a sus compañeros, los padres de éste tendrán la obligación de llevarlo a terapia psicológica, además de hacerse acreedores a una multa de diez salarios mínimos.
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