La ley Ingrid fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con la cual se sancionar hasta con 10 años de cárcel a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen material relacionado con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho.
Se trata de un proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal que busca evitar la “revictimización” y se impulsó tras la difusión de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020.
Las sanciones aumentarían en caso de que el material que se difunda se refiera a mujeres, menores o personas con discapacidad. El dictamen se turnó al Senado de la República, donde continuará con su proceso legislativo.
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