El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido el martes por agentes y trasladado, esposado de manos y pies, hacia una base policial, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por narcotráfico, en una dramática caída en desgracia apenas semanas después de abandonar el poder.
Más temprano, el exmandatario (2014-2022), quien dejó la presidencia en enero, aseguró que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones desde Washington por narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, en un proceso que, según su defensa, podría tardar meses.
Hernández será presentado la mañana del miércoles en una primera audiencia ante un juez donde se le leerán los cargos en su contra y se determinará el lugar donde cumplirá el arresto mientras dure el proceso de extradición.
De acuerdo a un documento de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, al exmandatario se le acusa de conspirar para fabricar y exportar drogas al país norteamericano y de usar o portar armas de fuego -incluyendo ametralladoras-, o instigar a que grupos criminales las usen.
Las imputaciones al exgobernante están basadas, en su mayoría, en declaraciones de narcotraficantes durante un juicio a un hermano suyo en la nación norteamericana. Hernández las ha negado en el pasado y el martes temprano dijo estar dispuesto a responder ante la ley.
Luego de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra, Hernández fue aprehendido por policías en su casa de Tegucigalpa y, tras abandonarla esposado y con chaleco antibalas, fue escoltado por uniformados hasta la Dirección Nacional De Fuerzas Especiales de la Policía, según testigos de Reuters e imágenes de la televisión local.
«La policía nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para colaborar (…) para poder enfrentar esta situación», afirmó el exmandatario en un mensaje de audio horas antes de su detención.
Hernández, de 53 años de edad, fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», agregó.
Su equipo de defensa legal había pedido que no se librara una orden de arresto o captura preventiva contra Hernández, ya que notificó su deseo de someterse voluntariamente al proceso de extradición.
El proceso contra Hernández puede dilatarse ya que, una vez notificado el imputado, debe pasar un mes hasta la audiencia de presentación de pruebas y la resolución judicial puede tardar de 2 a 3 meses más y puede ser, además, apelada, explicó la defensa del exmandatario en un comunicado.
A pesar de ello, funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro alabaron el arresto.
«Es un éxito, es un hecho histórico, es un expresidente el que se capturó», dijo el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
«El Gobierno ha demostrado que tiene la firmeza de cumplir la ley», agregó la autoridad.
En Washington, una persona familiarizada con el asunto dijo que el gobierno de Estados Unidos esperaba que proporcionar detalles extensos sobre los cargos pudiera persuadir a la administración de Castro para que actuara rápidamente, pero aún espera que los procedimientos de la Corte Suprema se prolonguen debido a la sensibilidad política del caso.
Durante sus dos mandatos que sumaron ocho años, Hernández cultivó vínculos estrechos con Washington y, en particular, logró el apoyo del expresidente, Donald Trump, usando las fuerzas de seguridad hondureñas para ayudar al republicano a reducir el flujo migratorio desde Centroamérica hacia el norte.
Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos ha mostrado públicamente su enojo por el crecimiento de la corrupción y el déficit del estado de derecho en Honduras, que tiene al país del norte como su mayor socio comercial.
Horas después de ceder el poder a la izquierdista Castro en enero, Hernández asumió como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que podría otorgarle inmunidad mientras siga en el nuevo cargo, según expertos.
Sin embargo, una fuente de la Cancillería hondureña detalló a Reuters que la protección del Parlacen es la misma que tienen los diputados nacionales de cada país y que, en el caso de Honduras, los congresistas sólo gozan de ella para actos en ejercicio de su actividad legislativa.
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