Por estar presuntamente implicados directamente en la muerte del empresario Iñigo Arenas, ocurrida el pasado domingo 6 de agosto es que un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra los seis empleados detenidos del bar Black Royce, medida cautelar que se otorgó luego de que la juzgadora consideró que existía riesgo de fuga, por lo que permanecerán en el Penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México, y el próximo martes se definirá si son vinculados o no a proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó en un comunicado el jueves pasado que tras el resultado del “protocolo de necropsia concatenado con el resto de los registros de investigación concluye que la causa de la muerte (del empresario Iñigo Arenas) fue asfixia mecánica por sofocación inducida”.
“En su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada, que limitaron su conciencia, funciones motoras y que en grado de probabilidad habría propiciado su deceso”, indicó.
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