El senador Ricardo Monreal Ávila rechazó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos se trate de una nacionalización disfrazada, por el contrario, busca ordenar el sector, con mayores controles en el otorgamiento de permisos, precisó.
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta aseveró que no se trata de una expropiación como algunos medios de comunicación han sugerido, sino de tener un marco legal claro y eficiente para asegurar que las empresas que incumplan la Ley no evadan sus responsabilidades.
Recordó que en 2019 un exconsejero de Pemex estimó que el equivalente a mil 700 pipas diarias de combustible se contrabandea a través de tres aduanas en Tamaulipas, y que el daño a la Hacienda Pública por evasión fiscal se estimaba, en ese entonces, en 200 mil millones de pesos al año.
Este mercado ilícito de combustibles -denunció el senador- representa un ingreso de 20 mil millones de dólares anuales a diversas organizaciones criminales.
#EnVivo Converso a distancia con los medios de comunicación que cubren la fuente del Senado, y respondo sus preguntas. ¡Buen lunes! https://t.co/PW3mHCxBGh
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 29, 2021
INICIATIVA DE REFORMA BUSCA FORTALECER A PEMEX
Por ello, el objetivo de la iniciativa es que Pemex se fortalezca, que toda la gasolina que se consume en México sea procesada aquí mismo y que las ganancias se queden en nuestro país. Además, agregó que se busca que no haya aumento a los precios del combustible.
El legislador recordó que, el pasado 26 de marzo, el Presidente de la República envío al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 52, 53, 56 y 57 de la Ley de Hidrocarburos, la cual fue turnada a las Comisiones unidas de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su análisis.
Monreal Ávila detalló que la propuesta plantea que las empresas que quieran un permiso de distribución deberán contar con la capacidad de almacenamiento instalada que determine la autoridad.
Propone reemplazar la afirmativa ficta por la negativa ficta, es decir, si en 90 días las autoridades competentes no emiten una decisión sobre la cesión de un permiso, se entenderá que se ha desechado.
Tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender los permisos expedidos de forma temporal o definitiva. No existe ninguna actitud arbitraria, sino simple y sencillamente garantizar la seguridad energética de la nación.
DESCARTA RIESGO PARA CONTRATOS VIGENTES
En este sentido, Monreal Ávila indicó que no son ciertos los reportes que hablan de 20 mil contratos de importación de gasolinas en riesgo. Al inicio de esta administración, detalló, había cerca de mil 70 permisos de importación de gasolina, diésel, aceites y combustibles.
Actualmente, reveló, el número de permisos vigentes es de menos de 200; 110 permisos para importar gasolina y 78 para importar diésel.
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