De ocho meses fue el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para regresarle el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que por mandato del artículo 21 constitucional le corresponde.
Dicho plazo, consideró González Alcántara Carrancá, permitirá a las dependencias involucradas realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que debe estar adscrita a la SSPC, dependencia del ramo de la seguridad pública.
“Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado, en forma plena, paulatina y ordenada”, expuso el ministro.
González Alcántara Carrancá afirmó que con esta prórroga también se privilegia la certeza jurídica en el control y la operación de la corporación que seguirá al mando de un militar retirado, así como en el estatus jurídico de sus integrantes y asegura las provisiones necesarias.
“Con esta prórroga en el surtimiento de los efectos propuestos se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, indicó el ministro.
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