El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer en el artículo 74 de la Constitución que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los senadores coincidieron con la colegisladora en “dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas”, que durante muchos años permitieron gastos propios de la corrupción, como elemento del sistema político.
Este proyecto, aprobado con 94 votos a favor, fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Destacaron que esta figura ha generado polémica por “su abuso, por parte de quienes han ocupado el cargo de titular del Ejecutivo Federal” y que es emblema de un régimen presidencialista, donde la concentración del poder, así como las facultades unipersonales permiten imponer decisiones políticas y económicas.
A lo largo de la historia de México, señalaron en el documento, las partidas secretas han servido como la “caja negra” del presupuesto nacional, cuyos recursos fueron gastados de forma discrecional, lo que generó el incremento del gasto presupuestado o crear erogaciones no previstas.
La Asamblea consideró necesario impulsar nuevas concepciones de lo que significa la asignación y el ejercicio del gasto público, a efecto de que éste se ejerza con transparencia y permitan realizar una fiscalización efectiva.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres Guadarrama, señaló que la propuesta refuerza la lucha contra el gasto público discrecional y en favor de la transparencia.
El senador precisó que, no obstante que el presupuesto de esta administración no contiene partidas secretas, es necesario asegurar que éstas no vuelvan a existir, ni haya retrocesos en esta materia.
Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, explicó que la partida secreta surgió como una medida para que el Ejecutivo hiciera frente a situaciones imprevistas, que pudieran poner en riesgo el orden público; sin embargo, se convirtió en una herramienta de opacidad y corrupción.
Recordó que, en el gobierno de Miguel Alemán Valdez, las erogaciones adicionales alcanzaron el 6.6 por ciento de presupuesto total; con Luis Echeverria éstas llegaron al 24 por ciento del total del gasto, y con Carlos Salinas de Gortari, oscilaron en 4 mil 634 millones de pesos. La aprobación de esta reforma es un acto emblemático para la superación del viejo régimen del gobierno autoritario y corrupto, apuntó.
La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, coincidió en que las partidas secretas son un símbolo de la corrupción, pues entre 1983 y 1995 se ejercieron 26 mil 500 millones de pesos, cuyo destino se desconoce. A partir del año 2000, subrayó, la partida desapareció del Presupuesto de Egresos, lo cual es muestra del compromiso de Acción Nacional con la transparencia y la rendición de cuentas.
Para el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, la austeridad republicana revivió el tema de la partida secreta, pues se facultó al actual Presidente de la República para que disponga de los ahorros de su gobierno con total libertad. También acusó al gobierno de ocultar información, por lo que exigió que ya no haya “partidas secretas ni grandes obras en secreto”.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, manifestó que la partida secreta es parte del “presidencialismo tóxico” que tanto daño le hizo al país.
“Estoy seguro que coincidimos todas las fuerzas políticas en el Senado para acotar a este presidencialismo tóxico, que es la representación del pasado más oscuro del poder”, dijo.
De Movimiento Ciudadano, José Alberto Galarza Villaseñor, indicó que con esta reforma sí se gana en materia de rendición de cuentas, transparencia y por lo tanto se impulsa un Estado mexicano, más fortalecido y comprometido contra la corrupción.
El senador Emilio Álvarez Icaza anunció su voto en favor del dictamen porque representa un largo anhelo ciudadano, sin embargo, consideró que se tiene que seguir luchando para evitar el uso discrecional de los recursos públicos.
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