Con 470 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó derogar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social y añadir uno nuevo para permitir que entidades y municipios puedan determinar de manera autónoma el presupuesto que destinan para contratar su publicidad gubernamental.
De esta manera, los legisladores avalaron dejar sin efecto el alcance del Plan B en materia de comunicación social que prohibía a estados y municipios rebasar el 0.1 por ciento de su presupuesto para contratar publicidad y difundir acciones de gobierno en medios de comunicación.
La modificación, que fue aprobada de forma expedita, sin ser discutida en el Pleno, consideró, en el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite de gastos en las entidades federativas, que:
“Las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 bis de esta Ley”.
Las restricciones que estuvieron en vigor durante tres meses para contratar publicidad, provocaron una ola de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de autoridades locales, organizaciones de periodistas y de defensores de la libertad de expresión, sustentado que las restricciones de el Plan B no solo vulneran la autonomía de las entidades y municipios para ejercer su presupuesto, sino que ignoran las particularidades y necesidades de comunicación social de cada región del país.
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