El Congreso de Perú rechazó una propuesta para adelantar las elecciones a diciembre de 2023, a pesar de casi dos meses de protestas que han dejado decenas de muertos tras el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo.
Los congresistas seguirán debatiendo otra propuesta para la celebración de elecciones anticipadas, una de las principales reclamaciones de los manifestantes. Pero el congreso del país andino está profundamente fragmentado y es complicado que se consiga llegar a un acuerdo.
La primera propuesta, procedente del partido derechista Fuerza Popular, fue rechazada por 68 parlamentarios, con otros 54 votos a favor y dos abstenciones.
Jorge Montoya, congresista y portavoz del partido de extrema derecha Renovación Popular, dijo durante el debate del miércoles que las elecciones anticipadas eran inconstitucionales y que debía permitirse a los miembros del Congreso terminar su mandato.
Ahora el partido de Castillo, Perú Libre, intentará conseguir votos para su propuesta, que incluye un referéndum no vinculante para una nueva Constitución y nuevos miembros del Congreso.
«Queremos dejar nuestros escaños, pero no antes de dar los primeros pasos para una nueva Constitución», dijo a Reuters tras la votación María Agüero, congresista de Perú Libre.
«Eso significa preguntar al pueblo si quiere o no una nueva Constitución».
Se necesita una gran mayoría de 87 votos que la propuesta siga adelante, mientras que son precisos 66 votos para desencadenar un referéndum nacional.
El fin de semana estallaron violentas protestas después de que el Congreso retrasara la votación en un contexto de luchas internas, lo que provocó la muerte de un manifestante y llevó a la Presidenta Dina Boluarte a decir que presentaría su propia propuesta si el Congreso no llegaba a un acuerdo.
En las últimas semanas, los manifestantes han bloqueado carreteras, tomado aeropuertos e incendiado algunos edificios, con reclamaciones que incluyen elecciones anticipadas, el cierre del Congreso, la dimisión de la Presidenta Dina Boluarte y la excarcelación del expresidente Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de rebelión tras intentar disolver ilegalmente el Congreso.
Boluarte, vicepresidenta de Castillo, juró el cargo horas después de su destitución, y es el sexto presidente de Perú en cinco años.
El Congreso, que cuenta con un índice de aprobación de tan solo el 7% según recientes sondeos, había acordado trasladar las elecciones previstas para 2026 a abril de 2024, pero la medida no logró aplacar los disturbios.
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