La tarde de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) le exigió publicar una sentencia en su contra por el mensaje a la nación que emitió el primero de diciembre.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1º de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi”, escribió en su twitter.
López Obrador adjuntó un oficio de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, en el que determinó la existencia de las “infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, por la organización, celebración y difusión el uno de diciembre de 2021 del evento ‘Mensaje a la Nación 3 años de Gobierno 2018-2021′”.
El Tribunal Electoral expuso que el discurso se realizó cuando ya habían iniciado procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. “Además, porque se utilizaron recursos públicos humanos, financieros y materiales para la organización y difusión de dicho evento”.
Por lo anterior, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia para que imponga las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de las infracciones, se ordenó el retiro de las publicaciones del evento para editarlas y quitar las expresiones infractoras y se dictaron las siguientes medidas:
Se ordenó publicar este extracto de sentencia en:
i) las cuentas oficiales de redes sociales e Internet del Gobierno de la República y del presidente
ii) en las páginas oficiales de Internet del INE y de los organismos públicos locales con procesos electorales en curso; y
iii) se ordenó informa la sentencia a todos los órganos electorales del país para que valoren su utilidad en el diseño e implementación de programas de capacitación y promoción de la cultura democrática.
Este martes, el Tribunal Electoral declaró “inaplicable” un decreto que permitía a los funcionarios públicos manifestarse sobre el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador del próximo 10 de abril sin que se considerara propaganda gubernamental.
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