Lamentable y contraria a los protocolos de la diplomacia, es como califica Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la reacción de la presidencia de México a la resolución de condena del Parlamento Europeo por la violencia a periodistas y defensores de derechos humanos.
La activista responsable de posicionar en Bruselas temas de México y América Latina en la agenda de la Unión Europa, asegura que el usar términos como “panfleto”, “colonia”, “conquista”, “borregos” y “golpista” no contribuye al esfuerzo colectivo e internacional para resolver el problema de fondo, los asesinatos de periodistas y defensores en un contexto de impunidad y corrupción.
“El que le digan entre líneas al Presidente que cambie por favor de actitud es algo fuerte, pero consideramos que es importante decirlo”, ya que es preocupante que los ataques y las descalificaciones vengan desde la silla presidencial.
“Lo sorprendente es la reacción, me parece que tiene un tono poco oportuno, no es el habitual de diálogo entre regiones, países. Usar palabras como hipocresía, colonialismo, panfleto, no es oportuno. Lo que se hubiera esperado es que dijeran que el gobierno mexicano está preocupado por la situación de los asesinatos, destacando las cosas que están haciendo. Muy sorprendente, fuera del protocolo internacional clásico en las relaciones entre países”.
Reyes sostiene que la interpretación del Gobierno ha sido la equivocada. Asegura que la resolución está diciendo que a nivel local hay problemas de corrupción, que se dan asesinatos de periodistas y defensores en un contexto de crimen organizado, endémico y muy preocupante, y que hay que tener cuidado porque no solo los están asesinando, su discurso los está estigmatizando en lugar de apoyarlos y reconocer su labor legítima.
“Ningún gobierno mexicano puede decir que esa no es una realidad, así que es un error, porque es el tono de un niño que no le gusta que lo regañen”.
Para la defensora de derechos humanos, la respuesta del Presidente al texto promovido por las principales fuerzas políticas, el Partido Popular Europeo, Verdes, Socialistas, Renew y el Grupo de los Conservadores y Reformistas, solo confirma lo que dice el documento: el uso de descalificaciones para estigmatizar a los que critican al gobierno
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