Antes de que finalice abril, los aliados del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, buscan aprobar en el Congreso una polémica reforma constitucional que daría al Estado mayor control del sector eléctrico, aseguró un diputado de Morena.
Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo en una entrevista con Reuters que las conversaciones con otros partidos avanzan favorablemente para coronar los poco más de 50 votos en la cámara baja para cumplir con el mínimo requerido para cambiar la Constitución.
El político de 55 años sostuvo que, aunque se harán cambios a la propuesta del mandatario, la esencia de la reforma se mantendrá respecto a la participación de mercado, de al menos el 54% para la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«No tenemos prisa pero tampoco vamos a poner pausa porque el país no espera. El plan es aprobar (la reforma) en este período, que termina el 30 de abril», aseguró Rodríguez en su despacho de la Cámara de Diputados, en el centro de Ciudad de México.
El gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) tienen 280 curules, pero para cambiar la carta magna necesitan 53 votos adicionales que algunos creen pueden llegar desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero el líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo esta semana que la iniciativa del mandatario debería ser votada después de las elecciones regionales de junio para generar certidumbre.
De aprobarse en la cámara baja, la iniciativa debe pasar por el Senado y luego recibir el aval en la mayoría de los 32 congresos locales, dominados ampliamente por Morena.
Ante las diversas voces que se oponen a la reforma, la Cámara de Diputados realiza un Parlamento Abierto en el que participan especialistas, académicos y representantes de la iniciativa privada. El proceso culminará a fin de mes, adelantó Rodríguez, tras lo cual se ajustará la propuesta.
La reforma, presentada por López Obrador a fines del año pasado, pretende poner al sector eléctrico en manos de la estatal CFE, así como desaparecer los órganos reguladores, eliminar permisos y garantizar el dominio del Estado sobre las codiciadas reservas de litio.
Líderes empresariales y funcionarios extranjeros, incluidos de Estados Unidos, han expresado su preocupación de que el proyecto de decreto pueda disuadir la inversión privada y desencadenar disputas legales internacionales.
«La parte nodal de la reforma no tiene cambios», sostuvo Rodríguez en referencia a garantizar que la CFE genere al menos el 54% de la energía eléctrica, elevar a rango constitucional la transición energética y que el litio sea de explotación exclusiva del Estado.
«Sobre esa base, no hay cambios. Lo demás es perfectible», agregó el político.
Rodríguez aseguró que abogados constitucionalistas que trabajan con el Gobierno les aseguraron que la reforma no contraviene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), a diferencia de lo que han advertido especialistas y negociadores del acuerdo.
Además, agregó que será revisada la redacción de la propuesta para dar certidumbre a la empresa privada sobre los contratos de autoabastecimiento y de Productor Independiente de Energía.
Con información de Reuters
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