Los estudiantes de primaria y secundaria de todo el país tendrán que guardar el celular durante las clases y también en los recesos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del martes 3 de noviembre entran en vigor los lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles, una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el Sistema Educativo Nacional, que reúne a 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263.6 mil escuelas públicas y privadas, está listo para aplicarlos. La regla alcanza a los planteles de Puerto Vallarta, Jalisco y el resto de las entidades, tanto públicos como particulares.
Qué cambia en cada nivel educativo con el uso del celular
La restricción es más estricta en educación básica. En primaria y secundaria el celular quedará limitado durante las clases y los recesos. En educación media superior, en cambio, cada plantel fijará sus propios acuerdos junto con docentes, madres y padres de familia, según las características de su comunidad escolar.
En educación superior, donde el alumnado es mayor de edad, la SEP promoverá una ciudadanía digital basada en el pensamiento crítico, el conocimiento de los algoritmos, el funcionamiento de las pantallas y el uso de la inteligencia artificial.
Delgado Carrillo invitó a niñas, niños y jóvenes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”.
De acuerdo con la dependencia, el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a las plataformas digitales pueden derivar en depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y desórdenes alimentarios. Las redes sociales, añadió, también fomentan comparaciones con modelos de vida ilusorios en los que algunos jóvenes miden su valor por los likes, y mecanismos como el scroll infinito pueden exponer a menores a violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso.
La SEP subrayó que la protección de los menores en el entorno digital no puede recaer solo en las familias, el magisterio y las autoridades educativas, sino también en las plataformas. Por ello, un decreto presidencial las obliga a detectar y retirar de inmediato contenidos de odio y violencia, avisar a las autoridades sobre patrones de riesgo y reforzar la verificación de edad.
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