A casi doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres y padres de los jóvenes solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) impulsar nuevamente las líneas de investigación que, aseguran, han permanecido sin avances en los últimos meses.
A través de un posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las familias demandaron la realización de una reunión con todas las instancias involucradas en el esclarecimiento del caso, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la unidad especial encargada de las indagatorias.
Líneas de investigación pendientes
Los familiares sostienen que varias rutas de investigación abiertas tras el rechazo de la denominada “verdad histórica” han perdido impulso desde 2024. Según expusieron, esas indagatorias apuntaban a la posible participación de autoridades municipales, corporaciones de seguridad y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dentro de sus peticiones también figura la revisión de sitios específicos como la comandancia de la policía municipal de Iguala, así como las zonas conocidas como Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan, lugares que aparecen en documentación militar relacionada con el caso y donde presuntamente habrían estado algunos de los estudiantes desaparecidos.
Asimismo, solicitaron la integración de una mesa de trabajo reducida conformada por representantes de las familias, asesores jurídicos, integrantes de la CoVAJ y de la unidad especial, con el propósito de analizar 33 folios militares que consideran relevantes para fortalecer futuras acciones judiciales.
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