Como ha pasado en estos últimos tiempos, la decisión de aumentar en 15 por ciento los salarios mínimos ha polarizado las opiniones.
Ha ganado la ideología y en gran medida se ha perdido la discusión sensata, que pondere los hechos y sus consecuencias.
Algunos han repetido el manido argumento de que no se pueden fijar los salarios por decreto.
Tan se puede que es lo que ha ocurrido en México desde hace casi un siglo.
Y también se puede bajar los salarios mínimos reales por decreto. Es lo que pasó en México a partir de 1977.
Entre ese año y el 2000, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se redujo en alrededor de 55 por ciento. No porque cayera la productividad ni la demanda laboral. Fue por decisión de política pública.
Y, desde entonces hubo una recuperación tímida y sin continuidad.
Sin embargo, en el sexenio de Peña, finalmente hubo un alza que se aceleró al final, cuando al salario mínimo se le desvinculó de otras variables económicas.
Durante la administración de Peña, el incremento del salario mínimo fue de 36.4 por ciento frente a una inflación de 27.6 por ciento. El crecimiento real fue de 6.9 por ciento, el mayor en seis sexenios.
Hasta el mes de noviembre de este año, el crecimiento del salario mínimo en este sexenio había sido de 39.4 por ciento, con una inflación de 6.2 por ciento. El aumento real fue de 31.3 por ciento.
Si la inflación del siguiente año estuviera en el objetivo del Banxico, el alza real de 2021 sería de un 11.6 por ciento adicional, acumulando un 46.5 por ciento en la primera mitad de esta administración.
Con esto, el nivel del salario mínimo real estaría ya “sólo” un 25 por ciento por abajo del nivel que tenía en 1977.
Obviamente que van a crecer los costos de las empresas con este incremento. Pero, ni lejanamente lo que el discurso empresarial dice.
Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, presentó un análisis detallado, señalando que hay aproximadamente 4.56 millones de trabajadores en la economía formal con remuneraciones que quedarían por abajo del nuevo mínimo, tanto en la frontera (donde el mínimo será mayor, de 213.39 pesos), como en el conjunto del país.
Para ajustarse a los nuevos mínimos habrá que pagar 12.82 pesos adicionales promedio por cada trabajador que hoy está por debajo de ese nivel en la frontera y 7.19 pesos en el resto del país.
Los incrementos totales en el costo laboral serán de 0.4 por ciento en el conjunto del país y 0.7 por ciento en la frontera.
El ajuste al mínimo ni sacará de la pobreza a la gente que lo gana ni creará una crisis en las empresas que paguen más.
El INEGI reportó ayer los datos de la economía informal y señaló que el 56.5 por ciento de los trabajadores ocupados está en el sector informal o con una ocupación informal, aunque la unidad económica que lo emplea esté en el sector formal.
A poco menos de las dos terceras partes de la población empleada, ni les va ni les viene lo que pase con el mínimo legal.
Al grueso de los trabajadores sindicalizados tampoco. En este año, el incremento del salario mínimo fue de 20 por ciento, mientras que el promedio de las revisiones contractuales anduvo en cerca del 6 por ciento. Los incrementos derivan de la capacidad de negociación de los sindicatos, no de la productividad ni del crecimiento de la economía.
El salario mínimo ya no guía los incrementos que se fijan en las negociaciones de los sindicatos.
Como reportó el Coneval, a pesar de lo anterior, la pobreza laboral se incrementó en México el último año. Sobre todo, debido al alza en los precios de los alimentos y la caída del empleo.
Pero, no confundamos una cosa con otra.
En ocasiones, la ideologización de las respuestas es lo que ha dado combustible y respaldo por parte de la gente a López Obrador.
FUENTE: EL FINANCIERO
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