El presidente Donald Trump ha declarado formalmente que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, a los que su administración ha designado como organizaciones terroristas. Según una notificación confidencial enviada al Congreso, el gobierno considera a los presuntos narcotraficantes de estos grupos como “combatientes ilegales”.
Esta declaración busca otorgar una base legal a los ataques militares ordenados por Trump el mes pasado en el mar Caribe, donde murieron 17 personas en embarcaciones sospechosas. Al enmarcar la lucha contra el narcotráfico como una guerra, el presidente reclama poderes excepcionales en tiempos de conflicto, como la facultad de matar o detener indefinidamente a combatientes enemigos sin juicio.
Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas de expertos en derecho internacional. Geoffrey Corn, exasesor legal del ejército, calificó la decisión como un “abuso” que “destroza” los límites legales, argumentando que los cárteles no participan en “hostilidades” contra Estados Unidos en el sentido que define la ley.
La Casa Blanca defendió las acciones, afirmando que Trump actúa en “autodefensa” para proteger al país de quienes “intentan traer veneno mortal a nuestras costas”. No obstante, especialistas señalan que el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra los cárteles y cuestionan que el tráfico de drogas pueda equipararse a un “ataque armado”.
La notificación al Congreso tampoco especifica qué cárteles son considerados enemigos ni los criterios para identificar a sus miembros como objetivos legítimos. El senador Jack Reed acusó a Trump de librar “guerras secretas” sin proporcionar justificación legal o transparencia.
Mientras el Pentágono afirma actuar conforme a la ley, analistas como Brian Finucane dudan que los grupos narcotraficantes cumplan con los requisitos legales para ser considerados parte de un conflicto armado, poniendo en tela de juicio la validez de esta estrategia.
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