En una sesión que duró 19 horas, diputados aprobaron la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Se dijo que la actual legislación busca con esta nueva ley, establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana sustentado en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica.
Uno de los ejes del nuevo marco legal es la racionalización del gasto público en materia de seguridad.
En lugar de aumentar presupuestos de forma inercial, la ley establece criterios para su aplicación, seguimiento y evaluación, con intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se fortalece la rendición de cuentas mediante mecanismos de control institucional.
La ley incorpora un plan rector de formación policial, que incluye estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado.
El objetivo es contar con cuerpos policiales más preparados, con ética profesional y vocación de servicio. También se establece una política nacional de acreditación y certificación, tanto para instituciones como para agentes individuales.
En cuanto al procesamiento y gestión de información, se establece la obligación de alimentar diariamente los registros nacionales con datos confiables. Esto permitirá mejorar la interoperabilidad institucional, vincularse con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación, y dar respuesta más rápida a fenómenos delictivos.
Los órganos de coordinación del sistema, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales, podrán sesionar de manera virtual o conjunta. Esta medida busca adaptarse a los desafíos operativos sin comprometer la comunicación interinstitucional.
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