Siempre se ha sabido que en las organizaciones que agrupan al sector privado hay discrepancias.
En diversas ocasiones se olvidan de ellas para actuar como un bloque. Pero a veces no pueden hacerlo.
Fue el caso el día de ayer, cuando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, suscribió con el gobierno un acuerdo para posponer el dictamen de la reforma al outsourcing, propuesta por el presidente López Obrador.
Se hizo público que tres importantes organizaciones empresariales no estuvieron de acuerdo con esa firma: Canacintra, Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
En dicho acuerdo, la IP se comprometió a regularizar de manera inmediata, las plantillas que operan mediante outsourcing, tanto por parte de las empresas como de las empresas proveedoras del servicio.
Las tres organizaciones del sector privado señaladas no aceptaron los términos del acuerdo y se deslindaron de él.
Lo novedoso en este caso no es que existan desacuerdos en el sector privado. Los hay con frecuencia, sino que se hayan hecho públicos.
A mi parecer, en el fondo, hay dos visiones respecto a la forma de aproximarse al gobierno de López Obrador, que se van a ir haciendo más claras al paso de los meses.
Algunos integrantes del CCE, incluyendo su presidente, Carlos Salazar, consideran que lo más adecuado es mantener los canales de comunicación y negociación con el presidente López Obrador y su gobierno.
Perciben que una actitud de enfrentamiento sería contraproducente para el sector privado, al que representan. Consideran que aun cuando existan diferencias con el gobierno, es mejor tener interlocución y tratar de encontrar salidas a esas diferencias.
Otras organizaciones, señaladamente Coparmex desde hace tiempo, pero sumándose ahora la Canacintra y el CNA, consideran que el sector privado debe asumir posiciones más firmes, porque en diversas ocasiones el gobierno los ha oído y simplemente los ha ignorado, tomando decisiones que van en contra de los intereses del empresariado.
Este debate no es nuevo. Ha estado presente prácticamente a lo largo de todo el sexenio.
Algunos empresarios han señalado desde hace tiempo que el CCE y otros organismos han adoptado una actitud demasiado blanda con el gobierno y particularmente con el presidente López Obrador.
En respuesta, el CCE ha señalado que se ha logrado que algunas posiciones empresariales sean escuchadas, lo que permitió lanzar el plan de infraestructura y el año pasado se detuvo el conflicto derivado de los ductos de CFE.
Sin embargo, creo que ningún conflicto había tenido la dimensión de la reforma del outsourcing, por la cantidad de empresas y trabajadores involucrados en todos los sectores de la economía. Por eso ahora las diferencias ya no pudieron reservarse a una esfera privada y trascendieron públicamente.
La visión de algunos es que el acuerdo suscrito ayer por la mañana lo único que hizo fue posponer por algunas semanas una circunstancia en la que va a existir una grave afectación al empleo en toda la economía.
Hay quien ve un proceso de radicalización del gobierno y del Congreso, que va a generar más y más conflictos con el sector privado.
Si me pregunta mi opinión, creo que hay que conservar la posibilidad de interlocución, pero con posiciones más firmes, en las que el sector privado no solo esgrima argumentos sino su arma más importante, que son las decisiones de inversión.
Ojalá que pronto exista un nuevo entendimiento entre las organizaciones empresariales, pues hoy más que nunca van a ser contraproducentes las divisiones.
FUENTE: EL FINANCIERO
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