Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer 10 reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que serán llevadas al pleno para su aprobación. No incluye nada que refuerce las leyes para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, y se enfoca en la regulación de la presencia y participación de “agentes extranjeros” en México. Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las presiones del Ejército tras la detención del general Salvador Cienfuegos, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico. El Presidente quiere blindar al Ejército, y por tanto a su gobierno, de espionaje e interferencia extranjera en los asuntos internos que afecten al Estado Mexicano.
No lleva destinatarios explícitos, pero a decir de sus declaraciones tras la captura de Cienfuegos, está inspirada en la DEA, en la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que siempre confunde con la de antidrogas, responsable de la Operación Rápido y Furioso.
Los demonios de López Obrador incluyen a la CIA, que intervino en Chile para desestabilizar al presidente Salvador Allende, y promovió el golpe de Estado en 1973, y que es el punto de referencia de su terror al presidente Donald Trump, en su lógica que el único que puede desbarrancarlo es el gobierno de Estados Unidos.
Además de esas agencias policiales y de Inteligencia que habitan en su mente, incluye conceptualmente a muchas más, aunque no se haya percatado de ello, como las estadounidenses el FBI, el servicio de Inteligencia del Pentágono, los U.S. Marshals o la Agencia Nacional de Seguridad. Y también otras agencias de Inteligencia y policiales extranjeras que operan en México, como el Mi5 y Mi6 del Reino Unido, el Mossad y Aman, los servicios de Inteligencia civil y militar de Israel, el G2 cubano, el FBS o el GRU, las agencias de inteligencia civil y militar rusas, el BDN alemán, o el DRM francés.
Como se aprecia, la iniciativa del Presidente es de gran calado. Lo que buscan las reformas, bajo el argumento de tener una mejor colaboración para enfrentar amenazas como el narcotráfico trasnacional y el terrorismo, es que para que puedan seguir operando en México, tienen que registrarse como lo que son y serán obligados a “informar los hechos de que tengan conocimiento” en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral cada mes –en efecto, cada mes. Dicho de otra forma, tienen que compartir regularmente la información que recopilen a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad.
La iniciativa muestra el reduccionismo presidencial y de sus asesores. Define como “agentes extranjeros” sólo a aquellos que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de las leyes, pero al enmarcarla dentro de la Ley de Seguridad Nacional y hablar de amenazas externas, recae de manera natural en los servicios de inteligencia.
Más allá del argumento sobre la definición de quiénes son los “agentes extranjeros”, la propia definición del ámbito en el que se encuadra la iniciativa la hace extensiva, a menos de que estén avalando el espionaje y la interferencia extranjera de todos los servicios de Inteligencia que operan en México, lo que se puede alegar que no es la intención.
Esta iniciativa está llena de perlas. No sólo pasarían los “agentes extranjeros” a pasar lista mensualmente y entregar sus reportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que además, si alguno de ellos incurre en el cohecho –eufemismo que pretender inhibir que paguen informantes–, puedan anular todos los convenios internacionales, quitarles la inmunidad diplomática, y juzgarlos en tribunales mexicanos. Si se pregunta porqué les tendrían que quitar la inmunidad diplomática, es porque todos los miembros de los servicios policiales y de Inteligencia extranjeros, están en México con la cobertura diplomática.
En la actualidad, los únicos “agentes extranjeros” que tienen que mostrar su filiación en el registro diplomático que se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores son la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza, los U.S. Marshals, el FBI y el Servicio Secreto. Nadie más, ni de Estados Unidos –todos sus servicios de Inteligencia aparecen sólo como diplomáticos o en las agregadurías militares, aunque sus contrapartes los conozcan y sepan cuál es su función– ni de otros países, son identificados por razones de seguridad.
Ningún servicio de Inteligencia o policial compartirá con el gobierno mexicano la identificación de todos sus agentes. Tampoco información de calidad. Y ninguno tendrá una relación más allá de la formal con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La razón es sencilla: no creen en el gobierno mexicano. No es algo contra López Obrador, sino que la desconfianza la arrastran hace lustros. Han documentado cómo el Ejército y las policías federales fueron penetradas por el narcotráfico, provocado asesinatos como el de Camarena Salazar, y saboteando los esfuerzos contra el crimen trasnacional, como la protección transexenal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, además, no los harán partícipes de su información porque no están doblemente certificados –vetting. Es decir, si no pasan por sus controles de confianza en dos niveles, lo único que les darán abiertamente será el saludo.
La iniciativa es inconsistente, llena de lagunas y limitaciones, hecha para quedar bien con los militares, sustento de la gobernabilidad en el gobierno de López Obrador. También es ingenua, si en verdad creen que las cosas cambiarán con la ley. Al contrario, empeorarán. Por un lado se reirán del Presidente y su gobierno, pues al esgrimir la defensa de la soberanía, en realidad la están socavando, ya que dejarán de recibir la limitada información que les dan ahora, sin que dejen de hacer lo que han hecho por décadas, comprar informantes, espiar criminales y detectar amenazas, aunque ahora sí, a espalda total del gobierno. Para esas naciones, la seguridad nacional es algo serio, no una ocurrencia más del Presidente en turno.
FUENTE: EL FINANCIERO
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