Un gobierno responsable no toma decisiones de gasto público a partir de ocurrencias, sino de diagnósticos serios, conocimiento del problema que se pretende atacar y de sus posibles soluciones, y en consecuencia, la realización de análisis de costo – beneficio que den herramientas a los gobernantes para invertir de mejor manera el dinero de los contribuyentes, estableció Federico Döring Casar, candudato a diputado federal de Benito Juárez por el PAN.
“Que por cada peso público invertido se obtenga el mayor impacto para el beneficio de la sociedad”, ofreció como parte de sus propuestas centrales que, de ganar el próximo 2 de junio, impulsará desde la Cámara de Diputados.
El actual coordinador de los diputados albiazules en el Congreso local de Ciudad de México, recordó que en la historia reciente de México sobran ejemplos de decisiones sobre el ejercicio del gasto público que son tomadas a partir de las subjetividades, los prejuicios y hasta de los pasatiempos favoritos de los gobernantes en turno, o del cálculo político para beneficiar a sus partidos. “Y en el gobierno de AMLO –sentenció– la cantidad de ejemplos se potencializan”.
“En efecto –abundó– López Obrador decidió gastar alrededor de dos mil millones de pesos del erario en construir y remodelar estadios de béisbol no porque la población los pidiera, o porque algún estudio mostrara la necesidad de esos estadios, sino por la simple razón de que a él le gusta el béisbol. Asimismo, él decidió malgastar cerca de tres mil millones de pesos en construir una ‘megafarmacia’ que ha surtido, en promedio, tres recetas cada día; y lo hizo no porque algún análisis concluyera que esta decisión resolvería el desabasto de medicamento, lo hizo porque un día se le ocurrió, así, sin más”.
Pero los anteriores ejemplos de despilfarros, aunque indignantes, son menores en comparación con lo que ha malgastado López Obrador en tres de sus “obras faraónicas”, precisó el diputado, juarense de toda la vida: el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
Explicó que el aeropuerto Felipe Ángeles tuvo un costo de 330 mil millones de pesos, cantidad a la que debe sumársele 115 mil millones de pesos por el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco. Casi 450 mil millones de pesos malgastados por un ocurrencia presidencial, y a ello habría que agregar los miles de millones de pesos que ha perdido el país por no contar con el gran aeropuerto que ya estaría funcionando.
AMLO “malgastó 17 mil millones de dólares en la construcción de la refinería de Dos Bocas –añadió–, más del doble de lo que originalmente se había presupuestado al inicio de la construcción (8 mil millones), pero al día de hoy, y luego de tres actos inaugurales, sigue sin refinar ni un solo litro de combustible”.
Pero “quizá el mayor monumento al despilfarro absurdo de recursos públicos por caprichos de López Obrador sea el Tren Maya”, acotó Döring, cuyo costo ha sobrepasado ya el medio billón (billón, no millón) de pesos, cantidad tres veces mayor que lo originalmente presupuestado; ha sido uno de los mayores ecocidios en la historia reciente de nuestro país, y se han documentos actos de corrupción de miles de millones de pesos por parte de los prestanombres de los hijos del propio Obrador.
Para acabar con las absurdas decisiones de gasto público, sujetas al estado de humor del presidente, una de las principales propuestas que he ofrecido, como candidato a Diputado Federal por el distrito 15 de Benito Juárez, es la presentación de un paquete de reformas para sancionar a aquellos funcionarios –incluyendo al presidente– cuyas acciones u omisiones hubieren provocado actos jurídicos que derivasen en el sobrecosto de obras, superiores al 30% del presupuesto originalmente considerado.
Lo anterior es necesario, explicó, toda vez que los servidores públicos tienen el deber de velar por el interés nacional, y esto conlleva el cuidado escrupuloso de cada peso del erario. “Ningún funcionario tiene la opción de disponer arbitrariamente de los recursos públicos, pues una adecuada administración de las finanzas públicas implica que cada centavo tenga un destino previamente determinado, conforme a la presupuestación anual asignada a cada unidad ejecutora del gasto; y sólo de manera excepcional se pueda disponer de recursos para rubros distintos de los originalmente programados”.
En suma, entrado en su propuesta, Döring estableció que contrario a la costumbre del ejercicio gubernamental en México, una adecuada administración de los recursos públicos significa que, ni el presidente ni ninguno de sus subordinados puede disponer discrecionalmente de un solo peso del erario, que se deben gastar sólo los recursos ya programados para cada rubro, y de esta manera no haya cabida para sobrecostos, pues cada gasto programado debe ser profusamente analizado por las áreas técnicas de cada ente público para así saber con precisión las cantidades para cada concepto de gasto.
Y por el contrario, cuando hay sobrecostos, significa que no sólo no hubo una adecuada programación presupuestal, sino que probablemente hubo actos de corrupción de diversos funcionarios que elevaron los costos. “Son estas conductas las que se pretenden evitar a través de esta propuesta; que haya una cadena de responsabilidad bien identificada para que los responsables de los actos jurídicos que generan sobrecostos superiores al 30% de los originalmente presupuestados, sean sancionados, tanto penalmente como administrativamente, para así inhibir la comisión de estas conductas”.
Dörin dijo que hay muchas estrategias para combatir la corrupción; la que se plantea en esta propuesta pretende dar menos margen de maniobra a los funcionarios para actuaciones discrecionales en el manejo de recursos públicos. “Menos obras faraónicas y grosamente costosas en perjuicio de los recursos de los mexicanos”, asentó..
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