Buscar que una pensión alcance el equivalente al 100% del último salario del jubilado resulta ser considerablemente gravoso desde el punto de vista fiscal, de acuerdo con las observaciones de Sergio Kurczyn, quien ocupa el puesto de director de Estudios Económicos en Citibanamex.
“El costo fiscal adicional podrían representar 430 mil millones de pesos en 2025, 1.3% del PIB, y aumentan rápidamente hacia 2.0% del PIB en menos de diez años”
Según el especialista, esta sugerencia carece de coherencia a menos que se enfoque y explique claramente a qué empleados se pretende asistir.
“Pretender una tasa de reemplazo de 100% es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes”.
“Recordó que las tasas promedio de reemplazo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es 60% y la conclusión de que las necesidades fiscales de los adultos mayores son menores a las de otros grupos de edad, vuelven poco persuasiva esa búsqueda del 100%, especialmente dada la escasez de recursos fiscales, y menos aún cuando se pretende el 100% de “los últimos salarios ganados antes del retiro”.
“En particular, contribuir a subir los salarios de quienes más ganan no parece la política progresista que sí se implementó con la pensión mínima garantizada”.
Comentó que es necesario admitir que el gran problema de los sistemas de pensiones en México radica en la extensión del sector informal, lo cual anula los años de aportaciones que una persona acumula durante su carrera laboral: el trabajador típico solo cotiza la mitad de los años que permanece empleado.
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