No se pudo, y es que al no alcanzar un acuerdo reparatorio con las autoridades el juez de control Genaro Alarcón López determinó diferir la audiencia intermedia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, para el 31 de agosto, y es que de acuerdo con reportes, el gobierno mexicano exigió un pago de 30 millones de dólares (unos 500 millones de pesos mexicanos) como reparación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados para que así Lozoya Austin siguiera su proceso en libertad.
Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, manifestó que esta nueva exigencia “raya en la extorsión”, debido a que representa un aumento de casi 200 por ciento respecto a los 10.7 millones de dólares fijados anteriormente, un monto que supuestamente ya habían sido aprobados por el Consejo de Administración de Pemex.
El defensor manifestó además que el ex funcionario vino de España, país en el que fue detenido en 2020, con “afectaciones importantes” a su salud, por lo que su prioridad es resolver su situación jurídica lo antes posible.
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