La fobia contra el principio de la autonomía está a punto de producir un daño de proporciones atómicas para la procuración de justicia del país. Morena presentó recientemente una iniciativa en el Senado para eliminar la independencia dentro de la Fiscalía General de la República.
La intención es regresar al modelo previo que supeditaba políticamente a los fiscales y que dio resultados terribles. De ser aprobada esta reforma, el sistema adversarial —que nació en 2008 y fue robustecido con las reformas constitucionales de 2012— estaría liquidado.
Este despropósito obliga a revisar la sinceridad del compromiso que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con la justicia. Devolverle a la política el papel protagónico y relegar la investigación ministerial a un segundo plano sería el peor de los errores.
El sistema adversarial depende de que cada parte haga su trabajo con la mayor independencia posible: los jueces, la instancia acusadora, la defensa, los servicios periciales y también la policía de investigación.
Fue diseñado a partir de la experiencia virtuosa que, mediante la corrección recíproca, impide el secuestro de la administración y la procuración de justicia por intereses ligados al dinero, el poder, la corrupción o la criminalidad.
La tensión entre los pesos y los contrapesos que se produce gracias a la autonomía de cada una de las partes es la garantía principal para que la Constitución domine sobre el resultado final de los procesos.
Tanta es la preocupación respecto a esta iniciativa que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU envió, el miércoles 9 de diciembre, una misiva al Senado advirtiendo que, de ser aprobada, terminarían afectados de manera preocupante los derechos de las víctimas.
También afirmó que podría descarrilarse el sistema penal acusatorio, el cual, enfrentando enormes resistencias, viene impulsando el Estado mexicano en todo su territorio.
Zoom: El problema de fondo es que la Cuarta Transformación no cree en las virtudes del nuevo sistema penal. La reforma propuesta a la ley de la FGR es otro cartucho de dinamita dispuesto para reventarlo
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