El conflicto parece ser el medio en el que se siente a gusto el presidente López Obrador, así como parte del gobierno.
Si no fuera así, no se entiende cómo es que abren un frente tras otro y suman litigios políticos e incluso legales, como cuentas de rosario.
Los choques han sido con el sector empresarial; con el Banco de México; con el INE; con gobernadores de oposición; con organizaciones de la sociedad civil… y más recientemente con el gobierno de Estados Unidos.
El Procurador General del gobierno norteamericano, William Barr, expresó su preocupación y molestia por la reforma legislativa que exige que los agentes extranjeros presenten reportes regulares a la Cancillería.
“La aprobación de esa legislación solo puede beneficiar a las organizaciones transnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta”, señaló el funcionario norteamericano en su comunicado.
De manera diplomática pero clara, el gobierno de EU está pintando su raya y señalando que no se cooperaría con el gobierno mexicano en el futuro.
Este choque no es solamente con la administración saliente de Donald Trump. Es algo de carácter institucional que va a permanecer con la nueva administración de Joe Biden.
La propuesta, ya aprobada por el Senado, está ahora en la cancha de los diputados, pero no parece haber obstáculo para que hoy sea aprobada.
El otro enfrentamiento reciente podría tener un desenlace diferente. Se trata del choque con el Banco de México debido a la iniciativa para obligar a Banxico a comprar los dólares en efectivo “excedentes” de las instituciones bancarias e integrarlos a las reservas internacionales.
Ha sido tal el rechazo a esta iniciativa que ya fue aprobada en el Senado, que incluso el expresidente de Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se ha expresado en contra.
A mi parecer, sería sorpresivo que en la Cámara de Diputados le dieran luz verde a la iniciativa. Si lo hacen, van a generar un problema mayúsculo con el Banxico, quien seguramente va a ir a la Corte a interponer una acción de inconstitiucionalidad.
Días antes, el choque fue con el sector privado por la reforma del outsourcing. Aunque abrió un paréntesis y se dio margen hasta febrero para realizar los cambios legales propuestos, no se han cerrado las diferencias que existen entre el gobierno y las empresas. Y además se propició una fractura al interior del sector privado.
Aquí va a volver a estallar el conflicto dentro de poco meses.
En los enfrentamientos también se sumaron los intermediarios financieros por haber incluido en la reforma de las Afores el establecimiento de topes a las comisiones que se cobran, lo cual se percibe como el retorno del control de precios.
Esta percepción se ha confirmado por la nueva iniciativa del senador Monreal relativa a las tasas de interés activas en el sistema bancario, que eventualmente también obligaría a Banxico a traducir en parámetros las caualidades de “accesibilidad” y “razonabilidad”, que la iniciativa establece como criterios que deben cumplirse en el otorgamiento de créditos.
El presidente también tiene un litigio abierto con el Instituto Nacional Electoral debido a que se resiste al lineamiento del INE, en el sentido de que se abstenga de hacer declaraciones sobre tópicos de carácter electoral. Su reclamo está en el Tribunal, quien probablemente resuelva el tema esta semana.
Los anteriores conflictos se suman a los que ya llevan meses en el sector energético, con algunos gobiernos estatales, así como con diversos grupos de la sociedad civil.
Pareciera que en el contexto del proceso electoral que viene el próximo año, las posiciones del gobierno se han radicalizado, lo que puede marcar un ambiente más crispado para los próximos meses.
En el contexto de una pandemia que aún va a tardar en extinguirse y de una crisis económica de la cual todavía resta mucho para recuperarse, esta secuencia de enfrentamientos pueden caracterizar un periodo muy complicado para el país en el curso de los próximos meses.
FUENTE: EL FINANCIERO
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